Señor Director:

Un estudio nacional reciente (Colliers) demostró que la fragilidad de nuestros derechos a la seguridad y la propiedad también afecta a las arcas fiscales y a los más desposeídos; tan solo en la Región de Valparaíso, $3 mil millones en contribuciones no pudieron recaudarse debido a que los inmuebles se encuentran “tomados”, impactando en casi $2 mil millones al redistributivo Fondo Común Municipal.

Una propiedad usurpada con la tolerancia del Estado se transforma en una “servidumbre social” financiada por los propietarios, pierde valor, reduce su posibilidad de ser utilizada como garantía de financiamiento e implica menos recursos para las comunas más pobres.

Debemos legislar con vocación preventiva, incentivando normativamente al Estado para que cumpla oportunamente sus obligaciones y deba compensar al contribuyente cuando no lo hace.

Demetrio V. Benito O.
Asesor Comisión Contribuciones AMUCH