Señor Director:

Un constreñido señor José Andrés Murillo reconocía hace un año que de los cientos de casos que recibe la Fundación para la Confianza, que dirige, solo algunos se hacen públicos —por Twitter, en el caso de mi marido, Cristián Campos—, después de pasar por estrictos protocolos.

“Podemos equivocarnos... por supuesto... por eso es el Estado quien juzga”, decía. Suponíamos que eso era una declaración de principios: reconocer el dictamen, no relativizarlo, aunque este les resultara adverso.

No fue así. Muy por el contrario, la Fundación cuestionó el real alcance del dictamen de la Corte de Apelaciones, ratificado por la Corte Suprema, y desconoció su real sentido: establecer que en la primera instancia no hubo un debido proceso y que por ello no se podía establecer la existencia de los hechos y mucho menos la culpabilidad.

Tenemos la esperanza de que la honra de las personas no sea lapidada antes de que la justicia opere: un mínimo civilizatorio que se extravía en la inmediatez de un bombazo en Twitter. Queremos que jamás se vuelva a obviar la presunción de inocencia.

Por otro lado, el abogado escarapela, el símbolo vacío, se paseaba por los matinales y los noticiarios afirmando, y cito textual, que contaban con “tan abundante prueba” que este caso se investigaría “como si hubiera sucedido ayer”.

Lo que en realidad tenía era la tribuna y todos los micrófonos, además del poder expansivo de su verborrea sin un contrapunto inteligente, o al menos neutro. Finalmente, después de casi dos años devastadores para mi marido, para mi hija, para mí, para nuestra familia, nuestra salud mental, los trabajos y el patrimonio que perdimos, los proyectos de vida que se extraviaron, la justicia se manifestó.

Ocho jueces confirmaron que aquí no había un caso como el que querían instalar.

Solo en una cosa el abogado tenía razón: cuando en un matinal afirmaba con toda pompa que “los abogados pasan, las causas quedan”. Juan Pablo Hermosilla ya pasó. Y la verdad se impuso.

María José Prieto Larraín