Donald Trump ha fracasado ruidosamente en los juicios sobre sus responsabilidades personales, pero no así en los litigios vinculados al ejercicio de su cargo y a sus órdenes ejecutivas, en que ha tenido un cúmulo de victorias temporales, pendientes ante la Corte Suprema. Eventuales reveses allí podrían alterar sustancialmente las políticas migratorias, de comercio internacional, reestructuración institucional, congelación de gastos presupuestarios y seguridad pública. Se trata de un conjunto significativo de promesas de campaña y parte de la agenda esencial del Presidente.

En lo personal, a comienzos de año, Trump fue condenado por fraude tributario y contable proveniente del pago con fondos de campaña para silenciar su relación con la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels. Con esta sentencia, se transformó en el primer presidente de Estados Unidos condenado por un crimen grave. Hace una semana, en tanto, recibió la ratificación de otra condena, que lo obliga a indemnizar a la escritora Jean Carroll en US$ 83 millones por difamación y agresión sexual.

Mejor suerte, aunque con matices, ha tenido el Presidente en la defensa de decisiones adoptadas en el desempeño de sus funciones. Le ha favorecido la sentencia de la Corte Suprema que reconoce la inmunidad del jefe de Estado en el ejercicio de su cargo, lo que significa que los primeros mandatarios no tienen responsabilidad civil ni penal por estas actuaciones. No obstante, subsiste la jurisdicción de los tribunales para anular sus decisiones por contravenir la Constitución o la ley. También le ha beneficiado la decisión del supremo tribunal de impedir a los jueces federales de rango inferior suspender órdenes ejecutivas.

A su vez, varias derrotas sufridas en tribunales inferiores han sido apeladas y serán finalmente resueltas por la Corte Suprema. Entre estos litigios se encuentran los provenientes del despliegue de la Guardia Nacional y militares para mantener el orden público, sin el consentimiento de los gobernadores o de las legislaturas estaduales; medidas que han congelado el desembolso de fondos federales del presupuesto nacional; los cierres del Ministerio de Educación y de distintas agencias federales; el despido de funcionarios superiores de instituciones autónomas como la Reserva Federal y la Comisión Federal del Comercio; la negación de ciudadanía a hijos de migrantes ilegales nacidos en Estados Unidos, y las deportaciones sin expresión de causa justificada.

Especial atención merecen las demandas en trámite ante la Corte Suprema para anular las negociaciones arancelarias para las importaciones provenientes de más de cien países, incluido Chile, invocando una ley de emergencia, y la destitución de Louise Cook, integrante de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, en que se discute si el fraude que se le imputa en la solicitud de un crédito hipotecario es causa suficiente para su despido, considerando que los hechos no ocurrieron durante el ejercicio de su cargo.

Trump y los republicanos están confiados en fallos favorables de la Corte, considerando que seis de los nueve jueces fueron propuestos al Senado por presidentes de esa militancia. Sin embargo, tanto el presidente del tribunal como una de las nominadas por Trump han tenido resoluciones contrarias al gobierno.

En muchos de los litigios está presente el riesgo de la derrota por la conducta avasalladora de Trump y su desdén por el principio constitucional de la separación de los poderes del Estado, que lo obligaría a la aprobación por el Congreso para sus controvertidas decisiones.