El proyecto Puente, recientemente presentado por un grupo de destacados economistas con diferentes sensibilidades políticas, es un esfuerzo que debe realzarse. Luego de un largo y silencioso trabajo, el grupo ha presentado una serie de medidas para acelerar el crecimiento del país. La labor realizada es importante no solo por el contenido de cada una de sus propuestas, sino también por el hecho mismo de que un grupo de profesionales se hayan reunido durante más de un año para discutir y plantear soluciones concretas que permitan dinamizar la economía. En tiempos donde muchas políticas públicas se vocean usando las redes sociales, sin mayor discusión ni argumentos, y solo buscando la aprobación acrítica del propio sector, el proceso deliberativo por medio del cual este proyecto se llevó a cabo es, por sí mismo, una señal positiva.

En cuanto al contenido, son muchos los temas tratados, pero resaltan algunos en los que lograr avances resulta condición necesaria para que el mayor crecimiento se materialice. El aumento en la inversión es uno de ellos. Para elevar su tasa a niveles más cercanos al 30% del PIB, se propone una rebaja del impuesto a las empresas compensada fiscalmente con un mayor impuesto personal, menores exenciones tributarias y un ajuste al nivel de gasto fiscal. Con el mismo objetivo, también se plantean incentivos tributarios al ahorro. A su vez, se menciona la necesidad de fomentar la inversión en infraestructura, impulsando las concesiones. Y, por cierto, se destaca la necesidad de redefinir el sistema de permisos.

En temas laborales, resulta clave atacar la informalidad que parece ir asentándose en el país. Los esfuerzos en esta materia deberían orientarse a evitar costos laborales excesivos, que terminan minando la contratación. La propuesta para reemplazar el sistema de indemnizaciones por años de servicio aparece como una herramienta importante. Pero la informalidad también está relacionada con niveles muy bajos de educación, que dificultan a ciertos sectores la entrada o subsistencia en el mercado formal. Reformar las políticas de capacitación y adoptar iniciativas que faciliten el ingreso de la mujer a la fuerza de trabajo son medidas pertinentes. Debe, sin embargo, prestarse atención a propuestas que, al implicar aumentos en las tasas de cotización, pudieren conspirar contra la buscada formalización.

Por último, destaca en el documento la idea de retomar la focalización en las políticas sociales, orientándolas a los grupos más vulnerables. La universalización de beneficios tiene un costo fiscal muy significativo y resta recursos que, focalizados, permitirían elevar efectivamente las posibilidades de los grupos más rezagados de la sociedad. Esta idea de focalización no solo se expresa en la entrega de beneficios a los sectores más necesitados, sino también en iniciativas como fortalecer la educación temprana, hoy desmedrada respecto de los cuantiosos recursos estatales asignados a la enseñanza superior.