Las instituciones públicas están viviendo en Chile una crisis mayor de lo que se reconoce. El distanciamiento de la población no ocurre solo con el Congreso o los tribunales de justicia, sino que es un fenómeno más extendido. Los últimos indicadores de confianza de la OCDE muestran que nuestro servicio público y nuestros gobiernos regionales son, entre los países miembros, los que gozan de menores niveles de confianza. El gobierno nacional y los gobiernos locales aparecen con niveles algo más altos, pero claramente por debajo de los promedios observados en esa organización. Los últimos antecedentes sobre abusos y fraudes en licencias médicas solo reducirán esa ya exigua confianza.

Un nuevo informe preparado por la Contraloría General de la República respecto de la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO) de la Región Metropolitana, integrada por Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, da cuenta, una vez más, de graves debilidades institucionales en la gestión de recursos fiscales y del riesgo de su aprovechamiento para intereses ajenos a los públicos. En este caso, la existencia de estas debilidades es particularmente compleja porque se trata de municipios que, supuestamente, tienen capacidades por sobre el promedio del país para realizar una gestión de altos estándares.

La referida asociación se creó en 2012, pero la Contraloría auditó el período 2018-2023. En este, los ingresos reportados por la AMZO totalizaron 2 mil 663 millones de pesos, un 57 por ciento de los cuales fue aportado por Las Condes. Entre las iniciativas auditadas se cuenta la reurbanización de avenida Las Condes, con una autovía soterrada. Se trata, sin duda, del tipo de proyectos que la Ley Orgánica de Municipalidades contempla como propicios para la creación de estas asociaciones y la AMZO le destinó mil 349 millones de pesos. Por sus características no parece una iniciativa compleja de llevar adelante y de monitorear. Sin embargo, la Contraloría constató que se le puso término sin estar concluida y por eso exige a los municipios involucrados explicar esta situación. Pero, además, la investigación ha revelado un pago de honorarios, por parte de la Asociación, de poco más de 442 millones de pesos que no están debidamente respaldados (171 de estos, incluso, sin informes de las actividades que se realizaron a cambio). Al mismo tiempo, habría un pago de 69 millones para asesorías comunicacionales alejadas del propósito de este proyecto y que incluyeron materias de índole política . Desde el punto de vista de los procedimientos, especialmente grave parece ser, a su vez, el hecho de que se habría permitido el acceso a cuentas corrientes a personas que no estaban autorizadas para ello. Y a esto se suma el que, por años, se operó sin reglamentos de compras apropiados y con conciliaciones bancarias sin responsabilidades claras; es decir, un entorno sin reglas básicas para evitar el mal uso de los dineros. Dado que la AMZO se disolvió en 2024, la Contraloría no ordenó procedimientos correctivos y puso los antecedentes en manos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado.

Estas asociaciones, cabe recordarlo, operan con un directorio integrado por alcaldes y concejales. Además, los dineros aportados a ellas se reflejan en el presupuesto municipal y pueden, por tanto, ser discutidos en los concejos. Por cierto, los presupuestos de estos municipios son varias veces los recursos involucrados en este proyecto, pero eso no excusa la falta de supervisión generalizada. La experiencia acumulada debería permitir, desde un comienzo, la aplicación de las normas indispensables para hacer un buen uso de los recursos públicos y la transparencia que tal situación exige. Por ello, estos municipios deben una explicación acabada, junto con explicitar los procedimientos que implementarán para que situaciones como estas no se repitan. Esto, sin perjuicio de que el Estado chileno en su conjunto —tanto en el nivel central como en el local— debe asumir la tarea de modernizarse sustancialmente para asegurar un mejor equilibrio entre una gestión más ágil y coordinada, y procedimientos y controles que aseguren un buen uso de los dineros fiscales.