Hace algún tiempo fui parte de un muy interesante debate con egresados de Ingeniería Comercial de la UC. Algunos lideran desde la academia, otros desde la sociedad civil o del mundo empresarial. El tema: para enfrentar la crisis educacional, ¿debemos priorizar lo que se puede hacer en el aula o cambiar el marco regulatorio o institucional?

Frente a este debate, uno de los contertulios recordó al destacado profesor de economía Dominique Hachette, quien distinguía entre cambios que mueven la frontera de posibilidades (modificaciones en el marco regulatorio que limita lo que se puede hacer) y aquellos que nos mueven hacia esa frontera (innovaciones que se pueden implementar y escalar con el marco regulatorio vigente).

No hay duda de que se puede lograr mucho en el aula con liderazgo directivo y docente, voluntad y gestión, o escalando modelos educativos que implementan destacadas fundaciones en distintos rincones del país. Sin embargo, desde la mirada distante de un no experto, soy de la opinión que en el Chile de hoy son los marcos regulatorios e institucionales —disfuncionales, excesivos o rígidos— los que inhiben o dificultan los cambios necesarios para mejorar la calidad de la educación pública.

En efecto, son múltiples los testimonios de sostenedores estatales y particulares subvencionados que dan cuenta de cómo regulaciones, fiscalizaciones e intervenciones administrativas saturan los equipos directivos, de docentes y asistentes de la educación, inhibiendo la innovación y quitando el foco en el aprendizaje, la salud mental, las habilidades socioemocionales y los valores que cada proyecto educativo propone. Por otra parte, cuando el sistema tiene evidencia de que un establecimiento mantiene por años un desempeño insuficiente, la rigidez regulatoria impide encontrar soluciones innovadoras ad-hoc a la realidad particular de cada comunidad educativa.

En su última edición, el semanario The Economist destacaba la experiencia de Nueva Orleans, que reemplazó los colegios públicos por charter schools, “que se ubican en la zona del crepúsculo entre lo público y lo privado: financiados por el Estado, gestionados por fundaciones”. Hacía referencia a un estudio de la Universidad de Tulane que mostraba que, desde el cambio, los puntajes en pruebas estandarizadas se dispararon, así como las tasas de matriculación y de graduación en colegios y universidades. El estudio asocia dichos logros a la competencia por calidad: a las fundaciones que fallan en entregar resultados, se les revoca el contrato y, así, solo las de mejor desempeño se mantienen en el sistema. Las Academies británicas han mostrado buenos resultados con un modelo similar.

En nuestro país, el caso del Liceo Bicentenario Juan Pablo II de Alto Hospicio —de alto desempeño según la Agencia de Calidad— es un ejemplo emblemático, aunque aislado, de colaboración público-privada exitosa. Su sostenedor es el Servicio Local de Educación (SLEP) de Iquique, pero su administración ha sido delegada mediante un contrato de concesión a la Fundación Educacional Collahuasi. Esta alianza ha permitido un cambio profundo y rápido, porque el foco ha sido que sus estudiantes efectivamente reciban una educación de calidad.

¿Por qué no habilitar, entonces, desde el marco regulatorio educacional, que los SLEP puedan celebrar contratos de administración delegada exigentes —que definan claramente los estándares de calidad de la educación esperada y establezcan causales de término por mal desempeño—, con organizaciones privadas de comprobada experiencia y buenos resultados, para gestionar establecimientos públicos con bajo desempeño?

Cuando se inicia un nuevo ciclo de campañas electorales, es importante desafiar a candidatas y candidatos a que planteen propuestas ambiciosas, que muevan la frontera de posibilidades y rompan la inercia de campañas previas profusas en medidas voluntaristas, cortoplacistas y efectistas. La crisis, estancamiento o disfuncionalidad no solo en el ámbito educacional, sino que también en cuestiones tan relevantes como la economía o el funcionamiento del Estado, por nombrar algunas, demanda más ambición e innovación desde la política, y una sociedad civil activa desafiándola.

Bernardo Larraín
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