La comentada venta al Estado de la residencia privada del expresidente Salvador Allende se puede analizar desde distintos ángulos. Por ejemplo, el propósito buscado en tal negociación frustrada era dedicarla a la instalación de un museo que preservara en la memoria colectiva la historia personal y política del exmandatario. Esa es la razón de ser de los museos desde que fueron creados para acopiar testimonios vinculados con las personalidades allí resaltadas. En el caso de Chile, son también un aporte a la historiografía nacional, que tanta importancia ha tenido en el desarrollo cultural desde que fuimos nación independiente.

En el caso en mención, evidentemente se trató de hacer una negociación que conceptualmente era legítima, si bien por la entidad pública y política de algunos de los comuneros ofertantes se incurría en inhabilidades establecidas en normativas en la Constitución y en nuestra legislación, las que no fueron consideradas en las distintas etapas de la formalización del contrato.

En definitiva, los participantes no tuvieron en cuenta tanto normas institucionales como legales que tienen el carácter de obligatorias y cuyo alcance se sintetiza en el aforismo jurídico que afirma que la ley es conocida por todos y nadie puede alegar su ignorancia. Tal vez habría que agregar ahora que ese conocimiento presuntivo compromete e incluye a abogados, ministros, parlamentarios y fiscalizadores.