Mediante el fraude, en medio del empobrecimiento y opresión a su pueblo, y del repudio generalizado por parte de los gobiernos democráticos, Nicolás Maduro, en la presidencia desde 2013, inicia hoy, desafiante, su tercer mandato, supuestamente, por los próximos seis años. Un anticipo de lo que cabe esperar fue la tensa jornada vivida ayer, en que el pueblo volvió a las calles y la líder opositora, María Corina Machado, dio otra prueba de su coraje, enfrentada a la brutalidad de la dictadura chavista, cuyos agentes la aprehendieron violentamente para forzarla a grabar videos y luego liberarla, según informó el opositor Comando con Venezuela.

Tales acciones represivas no pueden ya sorprender a nadie. Son varios miles los presos políticos que pueblan las cárceles, y —superando la emigración de Siria y de Ucrania, golpeadas por la guerra— más de 8 millones de venezolanos se han visto forzados a dejar el país. Según estimaciones del Servicio de Migraciones y del INE, al 31 de diciembre de 2023, sobre 500 mil de ellos se habían avecindado en Chile, cantidad que podría aumentar significativamente.

La trayectoria de Maduro anticipa que, para perpetuarse en el poder, aumentará la represión, la pobreza, el sufrimiento, la emigración, la corrupción, sus nexos con el narcotráfico y el crimen organizado, así como la dependencia de sus aliados extracontinentales no democráticos: Rusia, Irán y China.

El año pasado, la oposición venezolana y las democracias extranjeras le concedieron a Maduro, por segunda vez, la oportunidad de mostrar la corrección que demanda un proceso electoral y de enfrentar con dignidad el juicio de su pueblo. El dictador, sin embargo, incumplió todo lo que había comprometido en los acuerdos suscritos en Barbados, burlándose de las democracias occidentales y aprovechando esa negociación en su propio beneficio para relajar algunas de las sanciones que pesaban sobre el régimen. Luego, autoproclamándose vencedor en los comicios del 28 de julio pasado, se negó a presentar las actas desagregadas con los resultados. Los esfuerzos de las fuerzas opositoras y de observadores internacionales independientes permitieron, sin embargo, verificar el 80% de los escrutinios, los que dieron un amplio e irremontable triunfo, del 67% de los votos, al auténtico Presidente electo, Edmundo González.

La comunidad internacional no puede permanecer impasible, resignada a la permanencia ilegítima y abusiva de Maduro, y al desconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano expresada masivamente en las urnas. Los gobiernos democráticos del mundo están obligados a pronunciarse y demandar el respeto de la democracia representativa, de los derechos humanos, del derecho internacional y de la Constitución venezolana. En el caso particular de nuestro país, la defensa de esos principios y valores ha sido una política de Estado y debe presidir nuestro actuar.

Hoy se abre una nueva etapa para enfrentar con mayor intensidad y debilitar al gobierno bolivariano, apoyando con decisión a sus opositores, empleando todas las instancias y acciones internacionales legítimas para impedir y denunciar los excesos, la corrupción y los crímenes del régimen, para forzarlo a transitar a la democracia.

En lo inmediato, Chile y las democracias continentales deben instar al Consejo Permanente de la OEA para repetir la declaración de no legitimidad del período de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de este año. Similar resolución se aprobó el 10 de enero de 2019, frente a la también fraudulenta elección presidencial de 2018. Un paso en ese mismo sentido lo ha dado este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que la reelección de Maduro carece de “legitimidad democrática”. En nuestro caso, corresponde ir más allá de la declaración de la Cancillería chilena, que calificara simplemente de “irregular” la fraudulenta reelección de Maduro.

A la vez, los gobiernos democráticos deben solidarizar con la petición de medidas cautelares ante esa misma Comisión presentada por los prestigiosos juristas Claudio Grossman y Juan Méndez, en protección de la perseguida oposición venezolana y de los disidentes refugiados en la embajada argentina en Caracas. En esa misma línea, el gobierno de Chile y los de la región deberían copatrocinar el reclamo argentino ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el asedio a esa sede diplomática y por la desaparición y secuestro de un gendarme trasandino por parte del gobierno de Venezuela. Asimismo, cabe denunciar la desidia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para investigar los crímenes de lesa humanidad, perseguir penalmente y ordenar la captura de los responsables del régimen de Maduro.

Fundamental es mantener un constante diálogo y expresar decidido apoyo por parte de las democracias a Corina Machado y a Edmundo González, a quien cabe reconocerle formalmente la calidad de Presidente electo. Esto no significa que se le considere, como fue el caso de Juan Guaidó, jefe del Estado de Venezuela, por carecer del principio de efectividad y control del territorio, condiciones que —mal que pese— reúne Maduro, al igual que los otros mandatarios de facto con los que se mantienen relaciones intergubernamentales.

El Presidente Boric, correctamente, ha calificado a Maduro de dictador, y esta semana degradó la representación nacional en Caracas poniendo término a la misión del embajador Jaime Gazmuri, en respuesta a su expulsión el año pasado conjuntamente con los embajadores de Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, y el corte de relaciones con Ecuador. Además, ayer la Cancillería expresó su preocupación por la detención de Machado y exigió se garantice su seguridad y la de los demás líderes opositores.

Sería también aconsejable que el gobierno chileno, como ya lo han hecho Argentina y otros gobiernos regionales, invitara a Machado y al Presidente González al país para expresarles su apoyo, considerando que la solicitud de audiencia de este último fue cancelada en razón del reciente viaje del Presidente Boric al Polo Sur.

De la coincidencia del inicio del tercer período de Maduro con el segundo de Donald Trump, surge la oportunidad para cambiar la ingenua política de Joe Biden, quien relajó la presión contra el régimen en espera de negociaciones, finalmente frustradas, para la transición a la democracia. Trump debería partir por cancelar los permisos a Chevron y otras petroleras de su nacionalidad para celebrar lucrativos negocios en Venezuela. La Unión Europea y Gran Bretaña deben sumarse a esta causa, extendiendo las sanciones norteamericanas a aquellos altos dirigentes venezolanos a los que aún se les permite su libre desplazamiento y el de sus corruptos negocios.

Los venezolanos y sus líderes, Corina Machado y Edmundo González, están luchando con valentía por la recuperación de la democracia en Venezuela y demostrando que cuentan con un sólido respaldo ciudadano, el que ya se expresó en la elección presidencial cuyos resultados falseó el chavismo. Esta es la oportunidad para que Chile y las democracias del continente, así como las europeas, profundicen la presión en contra del régimen de Maduro y presten un decidido apoyo a sus opositores.