Señor Director:

Lo ocurrido en las últimas semanas con el proyecto minero-portuario Dominga, el puerto de San Antonio y una reforma a los permisos que avanza lentamente, son solo algunas señales de un Estado que no deja avanzar a los grandes proyectos de inversión privada en infraestructura.

Dominga lleva años sin ser aprobado, a pesar de la necesidad urgente de inversiones que generen empleo y dinamicen la economía. Nuestro país, como actor mundial en la minería, requiere plataformas marítimas modernas para el comercio en la zona central.

Además, los cambios al sistema de permisos, que podrían reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación representan un avance, pero se requiere de mayor celeridad. Las demoras no solo frenan proyectos estratégicos, sino que también afectan el empleo y el crecimiento económico.

Es evidente que el peso del Estado y sus niveles de decisión están ralentizando el dinamismo del sector privado. Por ello, es fundamental que las autoridades —gobernadores, consejeros regionales recién asumidos y quienes sean candidatos para dirigir el país— adopten un enfoque decidido para agilizar estos procesos, con políticas públicas que fomenten la inversión, protejan el medio ambiente y permitan que el país crezca.

Carlos Zeppelin
Director Consejo de Políticas de Infraestructura