Hemos conocido recientemente diversas críticas asociadas a la gestión de los servicios públicos que cumplen funciones en el Aeropuerto de Santiago. A pesar de que nuestra capital cuenta con dos terminales aéreos de alto estándar (para vuelos nacionales e internacionales), uno recién inaugurado en 2022 y otro en proceso de renovación, persisten cuestionamientos que opacan lo que debiese ser un sentimiento de orgullo por contar con el aeropuerto más moderno de América Latina.

El nuevo sistema de control migratorio automático implementado por la PDI y las profundas complicaciones que generó la reciente movilización de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con 84 cancelaciones y más de 25 mil pasajeros afectados, además de una protesta de fiscalizadores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) son solo los ejemplos más recientes.

Si se miran estos nudos críticos en conjunto, se advierte un factor común: todos se relacionan con el funcionamiento de los servicios públicos, que operan con gran eficiencia, pero como silos, sin un marco institucional que permita planificar, gestionar, evaluar, corregir y coordinar su funcionamiento con un sentido integral.

Así, lo que queda en evidencia es un déficit estructural de gobernanza, que tiene a los terminales aéreos operando como una orquesta de músicos conocedores de sus instrumentos, pero sin un maestro que permita guiarla. Por ello, sus partes no se acoplan adecuadamente y, al no seguir una melodía armónica, producen más ruido que música, sin importar que lo hagan en un teatro impecable.

Para aportar en la solución de este déficit, el Consejo de Políticas de Infraestructura cree necesario elaborar una propuesta, en conjunto con el Gobierno, para formalizar una institucionalidad que establezca una modalidad de coordinación operativa y vinculante de todas las entidades públicas que operan en los establecimientos aeroportuarios.

No se trata de crear nuevas entidades o burocracia. A lo que se aspira es a fortalecer entidades hoy existentes, como la Junta Aeronáutica Civil (JAC), del Ministerio de Transportes, para que pueda cumplir su misión, que promete “ejercer la dirección superior de la aviación civil”, para que existan servicios aéreos “accesibles, eficientes, competitivos, seguros y de calidad, en beneficio de los usuarios”.

Al ejercer su facultad de potenciar la facilitación aérea, la JAC anticiparía el refuerzo de funcionarios en días y temporadas de alto tráfico —lo que hoy sucede reactivamente—, integraría las necesidades de los usuarios en un cambio tecnológico como el control migratorio automatizado o podría asegurarse de eliminar redundancias y asegurar procesos de salidas y llegadas más fluidos, además de enfrentar problemas persistentes, como el transporte ilegal, con una mirada de conjunto.

Esto podrá traducirse no solo en mayor comodidad, sino también en la imagen de un país moderno, capaz de incorporar mejoramientos continuos, tecnologías e innovación, con soluciones que en beneficio de quienes se movilizan a través del modo aéreo.