?La acción penal contra el Presidente Gabriel Boric, por una eventual difusión de imágenes íntimas —el Ministerio Público ha abierto otra investigación por un supuesto acceso ilegal o indebido a los antecedentes de la causa—, plantea diversas consideraciones. Lo más relevante es el llamado a evitar juicios apresurados o dejar esto entregado al juego político, siempre propenso a sacar pequeñas ventajas con acusaciones cruzadas que poco tienen que ver con el mérito de un proceso.

La principal responsabilidad la tiene en estos momentos la fiscalía, llamada a tramitar con celeridad la investigación para determinar cuanto antes si la denuncia tiene o no algún sustento. Dejar por demasiado tiempo abierto un proceso contra el primer mandatario que no tenga destino —los antecedentes que han trascendido hasta ahora a la opinión pública dan poca verosimilitud a los hechos denunciados— genera un injustificado daño a la figura presidencial, lo distrae de su función de liderar la administración del Estado y, naturalmente, incentiva que denuncias sin fundamento se multipliquen en el futuro para entorpecer la tarea de cualquier gobierno.

Cabe recordar también que, a diferencia de los parlamentarios y exmandatarios, el Presidente en ejercicio carece de fuero judicial y, por tanto, está más expuesto que otras autoridades a persecuciones injustas. De ahí que vaya en el mejor interés del país el que el fiscal a cargo de la investigación pueda entregar pronto una señal: o continúa con la tramitación de la misma porque hay mérito suficiente para ello, o la descarta por ser infundada.

De paso, este caso ha puesto de relieve lo absurdo de cierto discurso feminista —al que con tanta liviandad se han sumado políticos y autoridades, y que este gobierno ha promovido con especial fuerza—, según el cual desde un comienzo hay que creerle a la “víctima”, como si su carácter de tal no lo determinara precisamente el proceso que se inicia. De igual manera, ello da cuenta de los riesgos que puede generar el incluir criterios amplios de interpretación o de valoración de la prueba que consideren la llamada “perspectiva de género”, lo que en la práctica puede terminar debilitando principios básicos de una sociedad democrática como es el de la presunción de inocencia. Detrás de esta perspectiva está la equivocada idea de que el derecho penal siempre se le va aplicar al “otro”, olvidando que cualquiera puede verse injustamente expuesto a un proceso criminal en su contra.

Además, esta coyuntura da cuenta de lo inapropiado que es establecer estándares previos fijos para la reacción frente a una denuncia, cual si se pudiera fijar un criterio único y rígido para todos los casos. Así, por ejemplo, en muchas situaciones la denuncia de un delito que tenga una connotación sexual podrá ameritar la salida inmediata de su cargo de la autoridad señalada y en otras, atendidos los antecedentes disponibles, precisamente lo contrario. Lo mismo ocurre con el llamado “criterio Tohá”, que plantea que todo funcionario público debe renunciar a su cargo antes de ser formalizado por la fiscalía, toda vez que no se puede pasar por alto que en algunas oportunidades las circunstancias del caso pueden hacer que lo aconsejable sea que se mantenga en sus funciones.

En fin, las debilidades del Gobierno para enfrentar crisis han quedado nuevamente expuestas esta semana. La insólita conferencia de prensa de la ministra Vallejo es una buena prueba de ello. Más que como vocera de un gobierno parecía actuar como abogada personal del Presidente. Utilizando insistentemente la primera persona del plural (“estamos enfrentando una denuncia sin sustento”), manifestó preocupación por la demora del Ministerio Público, reconoció que dar a conocer públicamente la existencia de la denuncia era parte de “una estrategia judicial” y se refirió al defensor del Presidente Boric como “el abogado representante del Gobierno”, entre otras expresiones que muestran una profunda distorsión del papel que se espera de un ministro de Estado. Sus declaraciones sobre la forma en que se hizo la “pesquisa” del caso no solo generaron controversia, sino que motivaron la decisión de la fiscalía de indagar un eventual acceso ilegal a la causa.

No es sorprendente que posteriormente el subsecretario del Interior, Luis Cordero, tuviera que salir a enmendar esos dichos.