El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha mantenido un enfrentamiento constante con Google. En esta disputa, un primer juicio ya fue decidido en primera instancia en favor del gobierno y hay otro en curso. Aunque inicialmente la sentencia no afectó el valor de sus acciones, ahora una petición del Departamento de Justicia al juez para dividir a Alphabet (la matriz de Google) hizo caer los papeles de la empresa. Si se aprueba en todas sus partes, Alphabet debería desprenderse del navegador Chrome y desligar su buscador del sistema operativo Android, so pena de tener que renunciar también a este. Además, debería dar acceso a los competidores a la tecnología de búsqueda de Google.

El buscador es la fuente principal de los ingresos de Alphabet. En efecto, los avisos que aparecen en las búsquedas explican el 66% del total de los ingresos generados por Google y sus otros productos asociados: Gmail, Google Maps y Google Play. Son US$ 162 mil millones, con una rentabilidad de entre 76 y 82%. En su empeño por proteger el negocio, la empresa ha utilizado distintas estrategias. Por una parte, ha creado programas gratuitos, como el navegador Chrome, que tienen incorporados por defecto las búsquedas con Google.

Asimismo, creó el sistema operativo gratuito Android para teléfonos inteligentes, también con su buscador instalado por defecto. Estos programas son de alta calidad y han beneficiado a miles de millones de personas. Más controversial, en cambio, es el hecho de que Google pague a Apple y Samsung miles de millones de dólares para que sus teléfonos incorporen por defecto el buscador.

El propio juez reconoció que las búsquedas de Google son de alta calidad. Sin embargo, advirtió que sus acciones para proteger el mercado de búsqueda, así como la forma en que manipula las estrategias de venta para extraer más ingresos de los avisadores, constituyen abusos monopólicos. Dichas estrategias hacen imposible competir con la empresa y por eso consideró que ella viola la Ley Shermanm, que prohíbe monopolizar los mercados mediante conductas anticompetitivas. ? La pregunta que surge es qué hacer. Si se aceptara la petición del Departamento de Justicia, no es claro que los usuarios finales de Google estarían mejor. Un Chrome independiente probablemente no es viable, o al menos no sería tan innovador sin los recursos que le traspasa Google. Lo mismo ocurriría con Android, que no genera ingresos propios. Tal vez ambos pasarían a ser productos pagados, pero esto no beneficiaría a los usuarios finales, que hoy no pagan por sus servicios. Una penalidad alternativa son las multas, pero los montos tendrían que ser gigantescos para ser eficaces: en el pasado, la Unión Europea ha impuesto sanciones de miles de millones de dólares a las grandes tecnológicas norteamericanas, sin que ello haya tenido impacto serio en las empresas.

Como sea, la sentencia ha sido el gran logro de Lina Kahn, nombrada por el Presidente Joe Biden al frente de la Federal Trade Commission, agencia encargada de aplicar la Ley de Competencia en sus aspectos civiles. Profesora de Derecho, Kahn se había hecho conocida por una serie de artículos críticos de las grandes tecnológicas y de la forma en que su comportamiento era hasta ahora evaluado por las agencias federales. Estas, cuestionaba, solo se preocupaban de los precios a los consumidores finales, sin importarles otros efectos anticompetitivos. Por cierto, Kahn, a su vez, ha sido objeto de cuestionamientos por el enfoque ideológico que, según sus críticos, habría marcado su trabajo.

No es claro si las políticas de la actual comisionada seguirán bajo el nuevo gobierno de Donald Trump. Además, el sector tecnológico está en cambio permanente y es posible que la inteligencia artificial (IA) aplicada a las búsquedas reemplace la tecnología de Google. En tal caso, dado que el costo de una búsqueda con IA es mayor, la rentabilidad del negocio —y por ende la de Google o de quien lo reemplace— será mucho menor que la actual.