En los últimos 40 años, el sistema financiero chileno ha demostrado una solidez notable en tiempos de crisis. Sin embargo, ahora enfrenta un proceso de reestructuración, como si su anterior fortaleza no hubiera sido suficiente. En agosto de 2023, la CMF presentó los lineamientos para una ley que incluiría a los conglomerados financieros bajo su fiscalización, siguiendo las recomendaciones del FMI y el Banco Mundial. El objetivo: prevenir futuras crisis y garantizar que estas entidades sean lo suficientemente sólidas para resistirlas. ¿No resulta contradictorio intervenir un sistema que ha demostrado ser estable por décadas?

La propuesta aborda cuatro áreas: definir la estructura de propiedad para separar las actividades financieras; modificar las políticas de gobierno corporativo para gestionar riesgos y conflictos de interés; establecer nuevos requisitos de capital y solvencia, y otorgar a la CMF facultades efectivas de fiscalización.

Estos conglomerados, que agrupan empresas que prestan diversos servicios financieros, son parte integral de la economía moderna. Al generar sinergias y eficiencias, amplían el acceso a servicios financieros. Sin embargo, estos beneficios conllevan riesgos: el doble uso de capital, el arbitraje regulatorio, las operaciones entre partes relacionadas y el contagio entre entidades pueden amenazar la estabilidad financiera si no se administran adecuadamente. ¿Pero realmente enfrentamos un peligro inminente o estamos viendo amenazas donde no las hay?

Es crucial no sobredimensionar estos riesgos, sino ponderarlos según nuestra realidad local. El marco normativo chileno ha demostrado su eficacia por años, resistiendo crisis globales. Si algo ha funcionado bien, ¿por qué asumir que ahora debe cambiarse? Lo que funciona en otros países no siempre se adapta a Chile, y no existe una fórmula universal para gestionar los riesgos de los conglomerados financieros.

La propuesta de la CMF apunta a proteger la estabilidad del mercado, pero cuidado: más regulación no garantiza más estabilidad. Este esfuerzo podría derivar en burocracia o en cargas que perjudiquen la salud del sistema. Será clave que la CMF actúe con eficiencia en la fiscalización y en el otorgamiento de autorizaciones y permisos, evitando que la implementación de las normas ralentice el mercado.

Tenemos la oportunidad de avanzar hacia un marco normativo más moderno, pero es fundamental considerar las particularidades de nuestro mercado y fomentar la colaboración con las entidades afectadas. Regular por regular no es la solución. Lo importante es que las nuevas normas aporten valor real, preservando la estabilidad y competitividad del sistema financiero. La CMF y el Ministerio de Hacienda deberán demostrar que esta regulación fortalecerá el mercado sin crear barreras innecesarias que comprometan su dinamismo. El tiempo dirá si estamos construyendo estabilidad o simplemente añadiendo peso a un sistema que ya ha demostrado ser eficiente. Visión, equilibro y agilidad serán esenciales para hacerlo bien.