Un total de 22 partidos políticos constituidos existen en Chile en este momento. De estos, 16 tienen representación en el Congreso. Otros la tenían, pero han sufrido renuncias de quienes se eligieron bajo su patrocinio. Esos partidos se agrupan en 12 comités en la Cámara; en algunos casos suman independientes. Hay, además, dos comités formados solo por independientes. La fragmentación en el Congreso, entonces, es evidente. En cuanto a los partidos, además de los 22 constituidos, hay tres en formación y cuatro en trámite. Chile ha sido siempre una sociedad políticamente pluralista, pero esta situación va mucho más allá de eso. El problema, en rigor, no es la existencia de tan alto número de partidos, sino la posibilidad de que buena parte de ellos, pese a registrar magros porcentajes de votación, alcancen representación parlamentaria. Ello ocurre por una combinación de factores. Por un lado, la existencia de umbrales relativamente bajos, toda vez que se refieren a las regiones donde los partidos están constituidos, en lugar de ser nacionales; por otra, la posibilidad de suscribir pactos que relativizan esos umbrales. Antes del régimen militar, también era habitual encontrar muchos partidos políticos, pero un número limitado accedía al Congreso. En esa época los pactos estaban prohibidos.

La fragmentación es especialmente dañina para el régimen presidencial, toda vez que cuenta con dos poderes que reclaman para sí legitimidad democrática. Atendida esta realidad, la posibilidad de conseguir mayorías para legislar siempre es compleja, pero es aún más difícil si la negociación de acuerdos requiere de la colaboración de muchos partidos. Esta situación se agrava, además, si los parlamentarios elegidos pueden renunciar, sin sanciones, a las colectividades que contribuyeron a su elección. Así, ellos se convierten en un poder negociador distinto de los propios partidos. En estas circunstancias, el funcionamiento de la democracia se complica y la ciudadanía cuestiona a la política. Pero claro, al existir tantos movimientos en el Congreso, las responsabilidades se diluyen.

Se puede, entonces, entrar en una espiral que crecientemente reste legitimidad a la democracia. Si bien en nuestro país la situación aún no es dramática, se observa una progresiva impaciencia de la población con el funcionamiento de las instituciones democráticas. En la última encuesta CEP, por ejemplo, un 49% considera que la democracia es preferible a otras formas de gobierno, pero a un no despreciable 31% le es indiferente un régimen democrático o uno autoritario. Esta brecha es de las más pequeñas de los últimos años. Similares tendencias se observan en otros estudios. Pese a ello, la posibilidad que se había abierto, a principios de año, de realizar algunas reformas al sistema político que redujesen la fragmentación parece haberse diluido. Urge retomar esa conversación. Es fundamental para dar garantías a la población de una vida democrática sana. Por supuesto, a estas alturas del período no puede ser un proyecto demasiado ambicioso. Pero quizás dos reformas sean centrales: la prohibición de pactos y la pérdida del escaño por renuncia al partido, al menos durante los primeros tres años de ejercicio parlamentario. Otras reformas complementarias podrían incluir un umbral nacional a todo evento y, eventualmente, distritos con menos representantes. Sin embargo, esto último es más complejo, porque obliga a un rediseño que casi inevitablemente genera oposiciones entre los incumbentes. Si el Gobierno avanzara en las reformas indispensables, haría una gran contribución al buen funcionamiento de nuestra democracia. Por cierto, sería un aporte también de la oposición. Además, es una reforma que, bien explicada y presentada con apoyo transversal, sería positivamente recibida por la población, que se percata de que la dificultad para alcanzar acuerdos también tiene que ver con aspectos institucionales y no solo con los intereses de corto plazo de los políticos.