Señor Director:

Con preocupación vemos que el Gobierno, una vez más, quiere postergar “el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo tercero transitorio de la ley N° 21.174, que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa nacional, respecto del Fondo de Contingencia Estratégico”, a raíz de la presentación del Presupuesto de la Nación 2025, tal como informó La Segunda en su edición del martes.

El Fondo de Contingencia Estratégico vino a reemplazar la llamada Ley del Cobre en 2019, iniciativa que fue celebrada en su momento por autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, como un cambio histórico que establecía un sistema democrático, transparente, estable y con la necesaria fiscalización.

Sin embargo, esa modificación tenía como supuesto que existía una clase política lo suficientemente responsable para leer el entorno estratégico en el cual se desenvuelve el país, deducir las necesidades de la Defensa en términos de capacidades, las que como se sabe no se construyen de un día para otro y demandan proyección en el tiempo, puesto que las plataformas o sistemas de armas de las FF.AA. tienen una vida útil de décadas.

La propuesta efectuada no parece conciliarse con el contexto internacional actual, donde se presentan guerras abiertas en Europa y Medio Oriente y potenciales conflictos en el Este de Asia, y regional, donde vecinos están recuperando el potencial de sus Fuerzas Armadas asignando más recursos. Por lo visto, se navega contra la corriente de los países democráticos, que más bien incrementan sus presupuestos de Defensa ante un aumento del riesgo geopolítico.

Por si fuera poco, parece que el hecho de tener militares desplegados de forma simultánea en la macrozona sur y en la frontera norte tampoco ayuda a la comprensión del fin último de las Fuerzas Armadas, sino que más bien cambia el foco hacia tareas que no le son propias. El costo operacional de lo anterior, sumado a la tendencia restrictiva de las asignaciones en Defensa, impacta sobre todo en las operaciones y alistamiento de las distintas ramas.

Sería útil tener una explicación coherente y completa de las autoridades de turno para entender por qué, nuevamente, se posterga financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, y también de quienes apoyaron el desmonte del mecanismo anterior que daba estabilidad al desarrollo de las mismas, creo que los chilenos la merecemos. No se trata de un recorte más, sino de un incumplimiento de una obligación recurrente.

Juan Pablo Toro
Director ejecutivo de AthenaLab