Las impactantes noticias que diariamente dan cuenta de cómo la delincuencia se ha apoderado de las ciudades e inundado la vida de las personas generan una justificada y angustiosa alarma en la población. La sostenida sensación de inseguridad que esta percibe, la persistencia con que se suceden los robos y los portonazos, los asesinatos y las balaceras, además del desparpajo con que grupos armados hacen uso de sus armas, solo contribuyen a aumentar el miedo.

Al asumir las actuales autoridades, no habían internalizado de qué manera este problema se había transformado en la principal preocupación ciudadana. Su diagnóstico seguía suponiendo que la delincuencia era estructural a una sociedad signada por la desigualdad; más aún, parte de quienes hoy conforman el oficialismo habían evitado condenar la violencia y el vandalismo a propósito del estallido de 2019, y, por el contrario, habían cuestionado la legitimidad del ejercicio de la fuerza por parte de Carabineros, institución clave en el combate al crimen y la delincuencia.

Cuando el Gobierno finalmente se convenció de la crucial importancia que la población le daba al problema delictual, se vio forzado a modificar su política, intentando, desde el Ministerio del Interior, revertir sus vacilaciones iniciales. Este esfuerzo no ha tenido resultados tangibles hasta ahora, sin perjuicio de la batería de medidas y de proyectos de ley impulsados. Más aún, a menudo pareciera incluso que esos anuncios son una reacción comunicacional frente a algún hecho especialmente impactante, antes que obedecer a una estrategia coherente.

Tampoco ha colaborado el que se haya perseguido por parte de la Fiscalía al recientemente renunciado general director de Carabineros Ricardo Yáñez, formalizado echando mano a una controvertida figura de delitos de omisión en relación con los hechos de 2019. A propósito de la situación de Yáñez, precisamente, la ministra Carolina Tohá acuñó la doctrina de que todo funcionario público formalizado debía dejar su cargo. Con ello, no solo se les otorga a los fiscales un poder impropio, sino que además en este caso se ha arriesgado debilitar otra vez a Carabineros. Por cierto, frente a la actual crisis de seguridad, también la policía debe asumir sus responsabilidades, pero es difícil que haya avances cuando se les siguen enviando estas señales equívocas a sus funcionarios.

Es necesario reconocer que la crisis de seguridad que atraviesa Chile no se resolverá de un día para otro. Enfrentar al crimen organizado requerirá de un plan de largo plazo, sistemático y perseverante, que haga un uso intensivo de la tecnología, que tenga una visión de Estado que permita extenderlo por varios períodos presidenciales, y que incluya a Carabineros, la fiscalía, el sistema carcelario y al Gobierno. Por ello, no contribuyen a resolver la crisis acciones como la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano en contra de la ministra Tohá. Sin perjuicio de la responsabilidad política que recae sobre Tohá, el utilizar una herramienta concebida para sancionar graves infracciones constitucionales no solo desnaturaliza el mecanismo, sino que impide una adecuada discusión del problema. ¿O es que se piensa que la aprobación o no del libelo variará en un ápice la situación de inseguridad que viven los chilenos?

Por cierto, tales consideraciones son aún más evidentes respecto de la idea que llegó a plantear la jefa de bancada de RN de acusar al propio Presidente de la República, con las severas implicancias que eso conlleva. El país ya vivió la grave alteración que supone una acusación infundada contra la máxima autoridad de la República, como lo sufrió el expresidente Piñera. Por ello, debe valorarse que ahora finalmente haya primado en RN el sentido de responsabilidad para no exponer a Chile nuevamente a un escenario así. Es tarea de la oposición encauzar la justa insatisfacción ciudadana frente a la deficiente gestión del Gobierno, sin recurrir a fórmulas facilistas que debiliten nuestras ya maltrechas instituciones.