Señor Director:

En una publicación del 27 de septiembre en “El Mercurio”, abordamos la violencia externa que hemos sufrido durante los últimos 27 años, y expresamos que el Estado es el responsable y debe asumir la prevención y control de esta problemática.

Esta postura surge a raíz de la decisión del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de incluir en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2024-2028) la obligación para las entidades empleadoras de “adoptar medidas efectivas para reducir y mitigar los riesgos asociados a la violencia externa en los lugares de trabajo, especialmente en sectores como el forestal, transporte y servicios”.

El 29 de septiembre, en su mismo medio, la Subsecretaría de Previsión Social reafirmó esta posición, recordando que el artículo 184 del Código del Trabajo impone a las empresas la obligación de adoptar medidas para mitigar los riesgos de violencia externa que afecten a sus trabajadores.

Somos enfáticos en señalar que el Gobierno confunde las obligaciones empresariales en cuanto a la violencia laboral y el artículo 184 del Código del Trabajo con la responsabilidad estatal de prevenir la seguridad externa, delincuencia y terrorismo. No es viable que las empresas asuman el control de la seguridad pública, ya que es deber del Estado, conforme a convenios internacionales y la Constitución, garantizar el orden público. Por ello, exigimos que el Gobierno asuma su verdadera responsabilidad en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, respetando el Estado de Derecho.

René Muñoz Klock
Gerente Asociación de Contratistas Forestales A.G.