Extraordinariamente pobres son los anuncios presupuestarios en educación. No parecen estar internalizados por el Gobierno los estancamientos que se observan desde hace ya un buen tiempo en los desempeños de nuestros estudiantes. Ello, aunque incluso en pruebas internacionales se constatan retrocesos, y estos comenzaron a manifestarse antes de la pandemia. Habrá que estudiar con cuidado el detalle, una vez que se conozcan las distintas partidas, pero en la cadena nacional del domingo se informó un aumento de 32 por ciento en los recursos para los servicios locales de educación pública. La cifra parece elevada, pero se parte de una base aún baja y este guarismo solo reconoce el ingreso de los nuevos servicios al sistema. Por lo tanto, no son recursos que, por ahora, lleguen a la sala de clases y que permitan comenzar a revertir los mediocres resultados. En cuanto al anunciado fondo para el incentivo a una buena gestión de estos servicios, puede tener elementos innovadores, pero iniciativas similares en el pasado han mostrado ser muy inefectivas. Además, no es evidente que tenga sentido crear estos incentivos para una nueva educación pública recién partiendo y que requiere rediseños importantes, materia de un proyecto de ley que se discute en el Congreso.

El otro anuncio fue un nuevo aumento en la beca de alimentación escolar para los estudiantes de educación superior, para llegar a los $48 mil; hay que recordar que su monto era de 32 mil en 2022, después de 10 años sin incremento. Con todo, en un contexto de recursos escasos —el presupuesto nacional solo crece en un 2,7 por ciento— esta prioridad parece de bajo retorno social, particularmente si se considera la proporción en que habrá subido. Por supuesto, este proyecto de ley no estipula los eventuales desembolsos que significará la condonación del CAE, que tendrá su propio informe financiero. Se debe considerar, además, que en este mes de octubre se ofrecería una solución para la así llamada deuda histórica, que demandará también nuevos recursos. Todas estas iniciativas tienen en común su bajo valor social, mientras se postergan inversiones fundamentales para lograr una educación de mejor calidad y más equitativa.

Al respecto, baste considerar la baja inversión en primera infancia, particularmente la creación de nueva infraestructura a través de los proveedores estatales o privados que existen en estos niveles educativos. Chile tiene actualmente, a nivel de la OCDE, una de las coberturas más bajas a los tres años: mientras varios países se acercan o alcanzan ya el 100 por ciento, el nuestro apenas supera el 50 por ciento a esa edad. La importancia que tienen los desarrollos cognitivo y socioemocional en los primeros tres o cuatro años de vida es algo que no se puede desconocer. La encuesta longitudinal de primera infancia muestra enormes brechas en dichos desarrollos entre niños provenientes de hogares de más altos y bajos ingresos. Con una buena experiencia en educación inicial, estas brechas podrían superarse, al menos parcialmente: se ha estimado, en otras latitudes, que los retornos sociales de programas bien diseñados podrían alcanzar por lo menos a un 240 por ciento. Es muy difícil encontrar retornos similares en otros ámbitos de la acción del Estado. Por ello, es tan difícil de entender que no se aborde con más ahínco una mayor cobertura de calidad en educación inicial.

Tampoco se vislumbra una preocupación por invertir más en la recuperación educativa y en la atracción de niños y jóvenes que se han desvinculado de sus planteles. Numerosos expertos han sostenido que los recursos son muy escasos para estos propósitos e insuficientes para abordar los casos de inasistencia o desvinculación más agudos. En la cadena nacional, el Presidente Boric enfatizó mucho la inversión en seguridad, pero es paradójico que se olvide de que los recursos más efectivos en este ámbito son aquellos que contribuyan a mantener alejados de las calles a niños y jóvenes. Lograr una formación inicial de calidad, mantenerlos vinculados a sus establecimientos y ofrecerles oportunidades educacionales atractivas reduce significativamente los comportamientos sociales riesgosos. Entre ellos, el involucramiento en conductas delictuales que, con razón, tanto preocupan al país.