La saga de las isapres se esperaba que hubiera terminado con la dilatada aprobación de su denominada ley corta. No obstante, a pocos meses de su aprobación ya comienzan a advertirse las deficiencias de la nueva normativa que posiblemente no lleven a una solución definitiva de los problemas que aquejan a esas instituciones. Y si bien ellas no despiertan grandes simpatías en el público, ha quedado claro que su existencia contribuye decisivamente a mantener la red de establecimientos privados que le han cambiado el aspecto general a la atención de salud en Chile.

El exsuperintendente de Salud y miembro del Consejo Consultivo de Isapres Patricio Fernández asegura que el sistema ha quedado muy complicado en las nuevas circunstancias, puesto que tienen una enorme deuda que están obligadas a servir, con limitaciones en sus precios y, por tanto, ante un camino estrecho que las obligará a reducir sus gastos en forma drástica. Estas limitaciones, aduce él, las forzarán a disminuir la calidad de sus servicios, con lo cual se podrían esperar nuevas y masivas desafiliaciones. Por cierto, en ese escenario, las tensiones del sistema serán difíciles de soportar y se anticipa que no todas las isapres estarán en condiciones de seguir funcionando como lo han hecho hasta ahora.

En estas complejas condiciones del mercado de la salud, se abre la posibilidad de que surjan nuevas isapres, libres de deudas, con sus precios ajustados según la tabla de factores única aprobada por la superintendencia y refrendada por la Corte Suprema. Estas nacientes entidades serán atractivas para los jóvenes sanos y pueden provocar un cambio importante de afiliados desde las antiguas a las nuevas entidades, lo que traería aún peores consecuencias para las isapres tradicionales. El problema más serio lo vivirían las personas que ya han contraído enfermedades crónicas y difícilmente podrían cambiarse, lo que, dicho en los gráficos términos de uso habitual, significa que las nuevas entidades entrarían a “descremar” el mercado, quedándose con las personas jóvenes y sanas, en tanto las más antiguas tendrán que afrontar sus deudas, seguir con una clientela más anciana y con una mayor proporción de gente enferma. La ley corta no parece, pues, haber conseguido una solución completa, sino solo un arreglo de corto plazo para impedir que continuara agravándose la crisis de la salud, que como se sabe es bastante más grave en el sector público, que tiene a millones de personas a la espera de una atención especializada o de una operación. La necesidad de una compensación de riesgos entre las distintas entidades no puede ser más clara, pero su factibilidad política es incierta.

La solución parcial que se obtuvo fue muy criticada por sectores oficialistas que la calificaron de un “perdonazo” y aseguraron que se trató de una alteración sustancial del programa de gobierno, cuya aspiración revolucionaria era eliminar las isapres. Para calmar a sus críticos, el Gobierno anunció el envío de dos grandes proyectos que transformarían la salud en Chile, uno de los cuales debiera entrar al Congreso en octubre y el otro en diciembre. No se han tenido noticias del avance de estos proyectos, en parte debido a la atención que ha demandado la implementación de la ley corta, pues todavía no se aprueban las formas de pago que usarán las diferentes instituciones para devolver los dineros a sus afiliados. Pero poco se espera de esas iniciativas, que en el mejor de los casos abrirán una discusión interminable sobre las posibilidades de que se cree un nuevo y mejor sistema de salud.

Las isapres cumplen un papel importante dentro del sistema de salud del país. Aunque atienden a alrededor de 3 millones de personas, en el contexto actual no es una cifra menor, en especial si se consideran los más de 2 millones en lista de espera en el sistema público. Además, han financiado buena parte de las grandes inversiones en salud de los últimos decenios. Pero solo un estudio de nuevos caminos, hasta ahora poco considerados, que busquen incorporar los avances tecnológicos, mediante nuevas formas de relacionarse entre el sector privado y el público, podrían ir transformando los servicios de salud de un modo que sea beneficioso y notorio para toda la población.