Señor Director:

El editorial sobre defectos de la regulación eléctrica, publicado el lunes, nos motiva a aportar algunos antecedentes complementarios, en un contexto de altos costos de la electricidad que está afectando a las familias y las actividades productivas.

Una distorsión aludida en el editorial es la reforma legal de 2016 que eliminó la señal de localización en el pago de la transmisión, lo que ha derivado en malas decisiones de instalación de centrales generadoras. Precisamente por esta razón es que la minería se opuso a dicho cambio regulatorio y desde entonces ha sostenido que es pertinente su revisión. Que todo el costo de la transmisión sea asumido por los clientes, sin señales de eficiencia para la generación, impone una sobrecarga perjudicial a los usuarios finales.

Una segunda distorsión es la expansión de los PMGD que reciben un precio subsidiado a costa del resto del sistema eléctrico. Este subsidio, que a la fecha alcanza US$ 360 millones, en gran medida es pagado por los clientes libres y desde el año 2027 lo hará también sobre los clientes regulados. La renta regulatoria que reciben los PMGD ha atraído el ingreso de grandes fondos de inversión, y recién ahora, con el proyecto de ley que amplía el subsidio eléctrico, el problema ha adquirido notoriedad, pese a que el Coordinador Eléctrico y otros actores venimos advirtiéndolo desde hace un par de años.

Una tercera distorsión que menciona la editorial es el congelamiento de precios a clientes regulados, que para comenzar a revertirse está requiriendo mayores subsidios. Un capítulo que habitualmente se olvida de esta historia es que una ley del año 2022 dispuso que los clientes libres, que nunca se beneficiaron del congelamiento de tarifas, debían aportar a la protección tarifaria de los clientes regulados, por un monto aproximado de US$ 140 millones anuales hasta 2034.

Esperamos que, al evaluar los nuevos aportes que eventualmente se requieran para ampliar el subsidio eléctrico, se tenga presente que los clientes libres —entre ellos las empresas mineras— estamos pagando, y por 10 años más, una cuenta que no nos corresponde, la que se suma a los demás sobrecostos provocados por distorsiones de la regulación eléctrica.

Joaquín Villarino
Presidente ejecutivo del Consejo Minero