Señor Director:

En relación con el proyecto de ley del nuevo subsidio eléctrico presentado por el Gobierno, compartimos la preocupación del Ejecutivo por buscar maneras de aliviar el alza de tarifas eléctricas para las familias de nuestro país, pero también reconocemos que el alza era inevitable, toda vez que ya se habían dictado tres leyes que mantenían las tarifas estables a costa de diversas distorsiones en el mercado eléctrico.

Uno de los mecanismos que propone el proyecto para financiar el subsidio es limitar por tres años los ingresos que reciben los Pequeños Medios de Generación Distribuida vía el precio estabilizado al que acceden desde 2004. Esta medida adolece de varios problemas, pero aquí destacamos los que nos parecen más perjudiciales para el desarrollo económico futuro del país.

En primer lugar, se afecta gravemente la certeza y la predictibilidad jurídica, pues se alteran discriminatoriamente y de manera intempestiva las reglas que rigen a un subsector de generación eléctrica. Esto afecta la imagen país hacia el exterior —los ChileDay de París y Londres han evidenciado la preocupación de titulares, financistas y potenciales inversionistas extranjeros—, y podría implicar la suspensión del financiamiento de estos proyectos, con las consecuentes quiebras.

En segundo lugar, esta medida y el proyecto en general descansan en el principio de “autocontención” —sin precedente en nuestro ordenamiento jurídico—, que implicaría que cada sector solucione sus problemas con su propio financiamiento. Bajo esa lógica, por lo demás contraria al principio constitucional de no afectación de los tributos, cada sector tendría que dejar de aportar a las arcas fiscales para solucionar sus propios problemas, lo que no tiene sentido, pues la misma moneda no puede ser utilizada dos veces. Es peligroso dejar que este inédito principio se asiente como fundamento de nuestras políticas públicas.

Las preocupaciones y propuestas de las autoridades debieran concentrarse en reducir la cuenta final de la luz vía un mercado más eficiente y con menos distorsiones, más que en buscar alternativas autocontenidas para financiar subsidios que no resuelven el problema de fondo y terminan siendo insostenibles.

Ricardo Mewes S.
Presidente de la CPC