A propósito de la decisión del juez brasileño Alexandre de Moraes de bloquear la red X en ese país, ¿quién defenderá la libertad de expresión?, se preguntaba en un reciente artículo el prestigioso semanario británico The Economist. Y es que la extravagante personalidad de Elon Musk, propietario de X, y sus controvertidas posiciones políticas han tendido a inhibir una discusión más profunda respecto de los alcances de la resolución, más allá de las aversiones o simpatías que suscite el empresario.

A la cabeza de distintas investigaciones respecto de campañas de desinformación, Moraes ha acumulado facultades para controlar las redes sociales en Brasil. Incluso, en la elección de 2022, cuando presidía el Tribunal Supremo Electoral, este le entregó atribuciones que incluían la de instruir el retiro inmediato de contenidos. En su actuar, se ha enfrentado recurrentemente con el expresidente Jair Bolsonaro y sus partidarios, habitual blanco de sus acciones.

En cuanto a la controversia con X, ella se originó luego que el juez ordenara a la empresa suspender una serie de cuentas por difundir contenidos que dañarían la democracia, y que —según se ha informado— pertenecerían a empresarios y expolíticos de derecha, advirtiendo de fuertes multas en caso de incumplimiento de la medida. X se negó a hacerlo y, además, cerró sus oficinas y retiró a su representante legal en Brasil. Ante ello, el juez ordenó a los operadores de internet en el país proceder a bloquear la red social. Además, estableció multas para quienes accedan a X mediante redes privadas virtuales (VPN) y exigió también a Starlink —la firma de internet satelital de Musk, a la que además congeló sus activos— suspender el acceso a la referida red social. Aunque Starlink inicialmente se opuso, finalmente, ante el riesgo de ser también bloqueada en un mercado en el que cuenta con 225 mil clientes, acató la resolución, si bien seguirá cuestionándola por la vía judicial.

Durante los últimos años, las autoridades brasileñas se han preciado del liderazgo que han asumido en el combate contra la desinformación. Sin embargo, los últimos pasos de Moraes han llevado a académicos que originalmente lo aplaudían a preguntarse si no ha cruzado ya un límite peligroso. En efecto, aunque el magistrado esgrime la defensa de la democracia como fundamento, sus decisiones han terminado colocando a su país en una misma lista con regímenes dictatoriales como China o Venezuela, que también impiden a sus ciudadanos el acceso a X. Si a ello se agregan las acusaciones de sesgo político que ha recibido, se hace aún más patente el problema del inmenso poder que puede llegar a concentrar una persona —o también un organismo— al que se le reconozca nada menos que la facultad de decidir qué mensajes pueden o no ser difundidos.

Existe legítima preocupación por la influencia que han adquirido las redes sociales y la reticencia de sus controladores a asumir alguna responsabilidad respecto de los contenidos que allí se difunden, pero no todos los caminos para hacer frente a ello debieran estimarse válidos, menos aún los que suponen multiplicar las restricciones a la libertad de expresión. El resguardo de esta es uno de los pilares de la democracia, y al socavarlo, también ella se debilita.

En Chile, donde la ministra vocera asegura haber roto un “tabú” al haber impulsado una comisión contra la desinformación, debiera seguirse con especial atención estas discusiones.