De Fernández se decía que era un político inepto, que no tenía poder, que gobernaba a la sombra de Cristina Kirchner en un permanente tira y afloja con el sector del peronismo que ella comandaba, pero hasta que dejó el cargo no se lo había vinculado judicialmente en casos de corrupción. Ahora, en medio de una investigación por tráfico de influencias y supuestos cobros de comisiones millonarias por contratos de seguros, en la que aparece como imputado, han salido a la luz indicios de maltrato físico a Fabiola Yáñez mientras vivían en la Quinta de Olivos.

A ella se la recuerda por haber celebrado su cumpleaños en julio de 2020, en medio de la pandemia, después de que Fernández decretara el largo y estricto confinamiento al que sometió a Argentina. En esa oportunidad, llamó la atención que el entonces Presidente culpara a su mujer: “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”. En su momento, esa frase fue muy criticada por la forma poco delicada en que deslindaba responsabilidades. Hoy, sus palabras adquieren otro significado.

Las revelaciones de ahora muestran a un Fernández desconocido para el público y sugieren un doble estándar indignante. Alberto Fernández se autodenominaba un “presidente feminista”, y se vanagloriaba de haber creado el “Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad” para defender y hacer respetar los derechos de las minorías y proteger a las mujeres de la “violencia machista”. Javier Milei lo eliminó porque, a su juicio, era “utilizado con fines político-partidarios, para propagar una agenda ideológica, sin obtener resultados objetivos de mejora en ningún indicador”. En su mensaje de despedida, Fernández enumeró los logros de su gobierno, entre los que destacó “la ampliación de los derechos de la mujer”. El caso de Fabiola Yáñez deja aquello como una cruel ironía.

De la corrupción a la violencia género

“Es el final de mi carrera; de esto no me recupero más”, le habría dicho, abatido, el expresidente a un amigo, tras enterarse de que el diario Clarín publicaría la denuncia que hiciera su exmujer ante la justicia. Y a medida que pasan los días y aparecen nuevos detalles (además de videos grabados por Fernández de una conversación íntima con una amiga, en la Casa Rosada), más son los personeros de su partido que buscan alejarse. Se manifiestan “choqueados” ante esta “denuncia gravísima” (la frase es de Axel Kicillof, delfín de Cristina), porque “nunca imaginamos que sería responsable de ejercer violencia física y ser una persona tan despreciable”, como dijo Mayra Mendoza, estrecha colaboradora de la expresidenta. La propia Cristina fue dura: las fotos de Yáñez “no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana”; aprovechó de lanzarle otro dardo: “no fue un buen Presidente”, y, cómo no, se victimizó: “como mujer que ha sido objeto (y sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física…, expreso mi solidaridad”.

Sorprende que nadie del Partido Justicialista ni del entorno presidencial de la época hubiera tenido conocimiento de lo que ocurría. Como se preguntara el columnista Carlos Pagni, “¿es posible que en Olivos se viviera ese clima de violencia que describe la esposa de Fernández y que ningún funcionario dijera una palabra?”. Después de todo, Yáñez durante los últimos meses del mandato ya no residía en la casa principal del complejo presidencial, sino en una de huéspedes, lo que demostraba que la relación estaba en crisis. De hecho, al salir de la Casa Rosada, la pareja partió a España y ella se quedó a vivir allá con el hijo de ambos.

Sin embargo, hay indicios de que algunos sí lo sabían. Por ejemplo, la propia secretaria de Fernández, María Cantero, que está en el centro de la investigación del caso seguros y en cuyo teléfono el juez encontró los mensajes y las fotos que detonaron la denuncia de Yáñez. El magistrado investigaba el cobro de comisiones por sobre el valor de mercado por parte de intermediarios en los contratos de seguros de los organismos públicos, los que, de acuerdo con un decreto de 2021, debían realizarse con una misma compañía estatal, pero que terminaron beneficiando a algunos intermediarios, entre ellos el marido de Cantero. Fernández está imputado por violación a los deberes públicos, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Y fue en el peritaje del teléfono de la secretaria que el juez encontró las imágenes de Yáñez con hematomas, y la llamó para preguntarle si quería hacer una denuncia, a lo cual se negó. Eso fue en julio, pero la semana pasada Fabiola dijo “no aguantar más” y declaró contra Fernández. Él, dijo, habría estado amenazándola para que no hablara, por lo que el magistrado dictó medidas de restricción: no salir del país ni acercarse ni comunicarse con ella.

Aun cuando está en manos de la justicia determinar la culpabilidad o inocencia de Fernández, este parece ser el triste final político de un hombre con grandes ambiciones de poder, que navegó siempre de la mano del peronismo. Será difícil para el partido, y para la propia Cristina, evadir la responsabilidad de haberle entregado la Presidencia. No menos fuerte es el golpe moral para una izquierda latinoamericana que ha hecho del discurso feminista y de la descalificación ética a sus adversarios un recurso político recurrente.