Disminuir los plazos de tramitación de los permisos necesarios para desarrollar proyectos de inversión en Chile es una tarea compleja, pues se trata de un problema multidimensional con diversos orígenes que van desde diseños regulatorios inadecuados hasta la falta de recursos humanos y técnicos, pasando por problemas de coordinación o presentaciones deficientes por parte de los titulares.

Buscar soluciones efectivas y eficientes, que disminuyan los plazos garantizando evaluaciones de calidad, requiere entender que problemas distintos se enfrentan con herramientas diversas.

Los datos (CNEP, 2023) indican que los permisos de mayor complejidad —aquellos responsables de los plazos de tramitación más extensos y, por tanto, de la ralentización de la ruta crítica de aprobación de proyectos— exigen en promedio tres iteraciones entre el titular y el servicio público antes de ser aprobados.

Si a ello agregamos que los mismos permisos poseen una tasa de rechazo del 38%, se configura un escenario que da cuenta de una desconexión entre las expectativas del servicio público respecto de cuál debiera ser el contenido y fundamento de una solicitud y lo que es efectivamente presentado por los titulares, generándose ineficiencias relevantes en el proceso, que retrasan por meses la aprobación final de los proyectos.

Para abordar este problema, desde la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) hemos propuesto generar modelos de planificación conjunta entre titular y servicio público del proceso de tramitación de permisos (Términos de Referencia o Scoping), en relación con alcance, información requerida y plazos posibles.

¿Qué hay detrás de esto?: la idea de que el proceso de autorización no es un mero trámite burocrático, sino que da lugar a una verdadera relación de colaboración entre el desarrollador de proyectos y la administración del Estado, que impone deberes a ambas partes. Por un lado, el desarrollador tiene la responsabilidad de presentar un proyecto que no solo cumpla con las normativas, sino que también sea transparente respecto de los riesgos asociados. Por otro lado, la administración tiene la obligación de proporcionar información precisa y oportuna, no solo comunicando con anticipación los requisitos y procedimientos aplicables, sino también ofreciendo orientación sobre cómo mitigar riesgos y cumplir con las expectativas normativas. Al hacerlo, no solo actúa como un regulador, sino también como un socio en el desarrollo sostenible de proyectos que benefician a la sociedad.

¿Suena demasiado disruptivo o hasta ingenuo?

No debería. Las leyes N° 18.575 y N° 19.880 —las principales normas que regulan la actuación de la administración del Estado en Chile— reconocen explícitamente esta dinámica desde hace más de 20 años, a través de una serie de principios como los de legalidad, eficiencia, eficacia, así como mediante un catálogo explícito de derechos de las personas frente a la administración, donde se reconocen, entre otros, el derecho a obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

Si bien existen muchos espacios que requieren modificaciones de normas y procesos para mejorar la obtención de los permisos requeridos para desarrollar inversiones en Chile, en el caso de los permisos de mayor complejidad pareciera que lo que se necesita es, más bien, un cambio de enfoque en la manera en que se desarrollan las relaciones entre titulares y los servicios públicos, dando lugar a un trabajo colaborativo, que minimice los riesgos de conflicto y maximice la posibilidad de obtener resultados positivos, para contribuir a un entorno más favorable para la inversión, el desarrollo económico y el resguardo del interés público.

La normativa así lo reconoce expresamente; es hora de que la realidad también lo haga.

Cristian Romero
Director jurídico Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)

Benjamín Torres
Abogado Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)