El Gobierno anunció el inicio del proceso administrativo de caducidad de la concesión de distribución eléctrica que tiene la compañía Enel. Esta posibilidad está contemplada en la Ley General de Servicios Eléctricos, la que en su artículo 41 señala las causales respectivas. La primera, a la que está apelando la autoridad, se refiere a la incapacidad de sostener las exigencias de calidad del servicio establecidas en la ley, los reglamentos o los decretos de concesión. El artículo define la posibilidad de que este proceso se detenga si el concesionario corrigiese dicho incumplimiento en los plazos exigidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). De ahí que el Gobierno definiese un plan de recuperación segmentado en tramos. En las primeras 24 horas se exigía reconectar el servicio para 20 mil clientes, lo que se habría cumplido. En el intertanto, aunque no podría haber sido de otra manera, el gobierno italiano —la matriz de Enel es una compañía estatal de ese país— declaró que contribuirá a que la distribuidora cumpla con sus compromisos.

Ahora, si la causal se mantiene, correspondería intervenir la concesión y determinar una administración provisional. Por cierto, esa es una posibilidad que será eventualmente disputada. Entre otros aspectos, hay que recordar que el artículo 140 de la ley dispone que la caducidad no será declarada en los casos de fuerza mayor y probablemente se intentará plantear ese argumento. En cualquier caso, se abriría una etapa adversarial, en la que se deben definir cargos y la compañía defenderse de ellos. Sería este un proceso complejo y prolongado, toda vez que su carácter no está bien precisado ni en la ley ni en reglamentos. En caso de que avance y que efectivamente se decrete la caducidad, correspondería, en un plazo máximo de un año, licitar los bienes de la concesionaria. Como se ve, no hay posibilidades de que la concesión quede en manos del Estado.

En el actual contexto de transversal molestia ciudadana, es entendible que el Gobierno haya anunciado el inicio de este proceso. Pero es evidente, también, que se busca un rédito político. Este podría extinguirse rápidamente, sin embargo, si el proceso avanza y se complejiza, considerando, además, que la presión ciudadana disminuirá una vez que se repongan los servicios. Es muy posible, entonces, que el Gobierno busque un acuerdo que suspenda este proceso y que se traduzca en beneficios para los clientes afectados. Adicionalmente, cabe recordar que las administraciones provisionales en organizaciones mucho menos complejas que la distribución eléctrica han demostrado ser dificultosas de implementar. Un gobierno difícilmente querrá llegar a esa etapa si antes se logran acuerdos razonables. La caducidad efectiva, entonces, parece ser un escenario muy improbable. En un caso anterior —contra la sanitaria ESSAL—, el proceso no concluyó, por haberse vendido los activos, con el permiso de la autoridad, a otro operador que dio garantías de adecuada provisión del servicio. Sin embargo, es indispensable que Enel aprenda de esta experiencia y que sirva de ejemplo a otras empresas. Su legitimidad ha quedado en entredicho a propósito de una gestión que no se compadece con las exigencias que impone una sociedad moderna.