La administración del Presidente Boric no ha ofrecido al país un proyecto de reforma de pensiones adecuado y técnicamente justificado, de modo de evitar efectos negativos sobre las mismas pensiones, el mercado del trabajo y las cuentas fiscales. Sus ideas han apuntado más bien a desmantelar irreflexivamente un sistema que, si bien requiere ser mejorado, ha asegurado la administración profesional de los ahorros y ampliado sustancialmente la seguridad social con recursos provenientes de rentas generales de la nación (y no de impuestos al trabajo). Una mirada ideológica radical en este ámbito, sumada a confusiones en sectores de la oposición, han alimentado un debate plagado de improvisaciones, errores técnicos y falencias conceptuales.

La última expresión de ello se dio esta semana en la comisión de Trabajo del Senado. En ella, el Ejecutivo distribuyó el documento “Marco para la discusión en particular del proyecto de reforma previsional”. El texto podría haber contribuido a ordenar y moderar el debate; en la práctica, hizo lo contrario. El “marco” contiene 45 amplias e inconexas iniciativas, algunas ya descartadas por instancias técnicas.

Jibarizando el aporte a cuentas individuales

Entre los temas centrales, se plantea un aumento de la cotización en 6 puntos porcentuales (pp) sobre la remuneración imponible, pero insistiendo en que la mitad o más de estos tenga un destino distinto a las cuentas individuales de las personas.

Específicamente, 1 pp constituiría un impuesto permanente al trabajo destinado a financiar un Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social, administrado por un directorio nombrado por el Estado. De esta forma se instauraría a este respecto un sistema de reparto. Otros 2 pp constituirían un aporte de carácter transitorio (20 años) y reembolsable, que también sería depositado en dicho fondo, pero con una lógica distinta: las personas le harían un préstamo al Estado, con una tasa de interés de entre 2 y 3%, pagable en el largo plazo. Dependiendo de los detalles, esto puede ser entendido como una suerte de cuenta nocional. Y, sorpresivamente, se plantea además un mecanismo de redistribución intrageneracional cuyo financiamiento no se precisa: ¿otra porción de los 6 pp?

Por esta vía, el Gobierno parece dispuesto a combinar la insostenibilidad del reparto con la incertidumbre de las cuentas nocionales. Además, abusa del término “seguridad social”, desconociendo que esta ya existe en el actual sistema. Avanzar en lo propuesto sería un error: la evidencia muestra que, para aumentar las tasas de reemplazo, es esencial incrementar los flujos de ahorro a las cuentas de los trabajadores. Este debería ser el destino íntegro de los 6 pp adicionales.

Pero además, sin mayor análisis ni consideraciones de riesgos, el texto plantea un sinnúmero de otras complejas medidas, desde la licitación de stocks a la participación del Estado en la gestión de las inversiones de los fondos, y la separación de la industria.

De esta forma, se hace caso omiso de las alertas técnicas respecto de la posibilidad de que el Estado se posicione como un actor dominante en el mercado de capitales, teniendo influencia en la dirección de las inversiones (políticas industriales podrían canalizarse así) e incluso, vía designación de directores, en la gestión de las empresas. Y, por otra parte, se asume que existirían beneficios para las personas al separar la gestión de las cuentas y los saldos previsionales, a pesar de que estudios técnicos han advertido que tal supuesto es cuestionable.

En cuanto a beneficios, estos se listan sin detalles ni justificaciones específicas. Se plantea una garantía transitoria para aumentar las pensiones de los actuales jubilados, un seguro por diferenciales de expectativas de vida entre sexos, un seguro de longevidad, un aumento de la PGU a $250.000 y un aumento del aporte del seguro de cesantía. La difícil interrelación de todas estas medidas, su impacto y retorno social son omitidos, quizás apuntando a despertar el apetito político. Pero el diseño de un sistema de pensiones no puede pasar por meramente sumar beneficios inconexos. Con las restricciones fiscales propias de una economía estancada, es preferible focalizar los esfuerzos en pocos beneficios, pero de alto retorno social.

Dudosas metas

El documento también incluye metas cuantitativas que generan dudas. La primera, “reducir a cero el número de pensionados con ingresos por debajo de la línea de la pobreza”. Se omite que existen distintas líneas de la pobreza en función de las características del hogar, dificultad insalvable al conectar niveles de pensiones con mediciones de pobreza. Tampoco se detectan medidas que hagan factible “elevar la densidad de cotizaciones en 10 pp”, mientras que “reducir las brechas” que perjudican a las mujeres es correcto, pero al no hacerse cargo de sus causas (un mercado laboral rigidizado), arriesga acrecentar el problema.

Análisis aparte requiere la meta de “alcanzar una tasa de reemplazo promedio de entre 70 y 75% de las remuneraciones de los últimos 10 años de actividad”. Asumiendo que esto se refiere a la pensión autofinanciada, la única opción factible sería destinar todo el aumento de cotización a las cuentas individuales. Y es que si se buscase alcanzar tal objetivo mediante transferencias del Estado financiadas con impuestos al trabajo, se chocaría con otra meta del Ejecutivo: “que los aportes fiscales al sistema sean compatibles con la sostenibilidad fiscal”.