La última encuesta CEP ratifica la intranquilidad que experimentan las familias chilenas por el clima de violencia al interior de los establecimientos educacionales, donde profesores y estudiantes viven cotidianamente situaciones de riesgo. Ante la pregunta ¿cuál es el problema más importante que están enfrentando las escuelas del país?, el 41% responde que controlar la violencia escolar es la tarea más urgente, por sobre el mejoramiento del rendimiento académico y la mayor equidad en la educación (ambos con 19%).

El grave deterioro de la capacidad de aplicar reglas disciplinarias, propias de la formación educativa por parte de profesores y directivos, ha repercutido en la frustración de los docentes, muchos de los cuales han abandonado la profesión, presionados por el comportamiento de algunos estudiantes, por la intervención imprudente de los apoderados en las decisiones escolares y por los enfrentamientos entre los propios alumnos, lo que se ha traducido en un enrarecimiento de las relaciones de la convivencia escolar.

También el Colegio de Profesores ha expresado su inquietud por la presión que a diario enfrentan los docentes, pero su llamado a paro para los próximos días, como una forma de protesta ante esta situación, más que abordar las causas profundas de la violencia escolar, tiende a agravar los problemas que hoy aquejan al sistema. Sin señales y medidas concretas que permitan empoderar a los profesores y directivos, y fomentar el regreso de los estudiantes a las aulas, no parece factible erradicar la violencia escolar. Discursos en contra de normas —como, por ejemplo, de la iniciativa “Aula segura”, impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, por considerar que “criminalizaba a los estudiantes”— o el apoyo a acciones estudiantiles como la evasión en el metro —hoy repetida sin que medie una reacción efectiva de la autoridad— han contribuido a quebrantar el sentido de autoridad docente y las formas disciplinarias que deben regir en toda comunidad educativa.

Sin embargo, pese a las evidentes falencias, no parece haber reacciones ni intención de asumir responsabilidades por parte de quienes impulsaron medidas que explican en parte el deterioro de la convivencia y que son abiertamente rechazadas por una mayoría ciudadana. Es el caso de la selección escolar. La encuesta CEP demuestra que el 61% favorece la selección en los establecimientos de excelencia, opción que la llamada Ley de Inclusión eliminó casi totalmente. La progresiva implementación de esta norma, sumada a otros factores —como los paros y, precisamente, la violencia, que ha adquirido aquí un claro signo anarquista—, han derivado en la virtual demolición de los liceos emblemáticos tradicionales, con el caso del Instituto Nacional como la más dolorosa manifestación de políticas y aproximaciones equivocadas o mal ejecutadas.

Los resultados de la encuesta evidencian —una vez más— la preocupante brecha que subsiste entre el discurso ideológico y el voluntarismo político de algunos sectores frente a las expectativas de una ciudadanía que busca, sobre todo, seguridad y también calidad en la educación de sus hijos.