Más allá de la evidencia sobre el trágico estado al que el chavismo ha llevado la convivencia cívica, económica y social de Venezuela —alrededor de ocho millones de personas han debido salir del país buscando protección, libertad y oportunidades, mientras se multiplican las denuncias por masivas violaciones a los derechos humanos—, es pertinente reflexionar sobre el camino que hizo posible que se consolidara un poder totalitario como ese, que con el apoyo, complicidad o al menos indolencia de un amplio sector de la comunidad internacional y dirigentes políticos de izquierda, fue socavando sus instituciones hasta destruir todo vestigio de una auténtica democracia.

Hay ahí también una fuente de aprendizajes para nuestro país. Sería ingenuo pensar que el drama de lo ocurrido en Venezuela es algo lejano, que a nosotros no nos podría suceder, como si los avances económicos e institucionales alcanzados con tanto esfuerzo en las últimas décadas fueran algo dado, respecto de los cuales no cabría esperar retrocesos significativos y, en cambio, podrían resistir todo tipo de experimentos o embestidas. La violencia y deslealtad democrática de la oposición al último gobierno de Sebastián Piñera, que tuvo su momento cúlmine en el estallido de octubre de 2019, y el posterior proceso fallido de la Convención Constitucional son los ejemplos más elocuentes del riesgo siempre latente de caer en una deriva demagógica que conduzca al desgobierno o a un régimen autoritario, condenando a la población a la pobreza y a la arbitrariedad de cualquier autoridad.

Cabe recordar que el proyecto constitucional de la Convención, apoyado entusiastamente por este Gobierno y su coalición de partidos, incluía un improvisado sistema político, que profundizaba la ingobernabilidad y abría espacio al populismo; un sistema de justicia entregado a intereses políticos y corporativos; la consagración de un Estado plurinacional acompañado de una serie de normas que concedían una indeterminada autonomía política, administrativa y financiera a entidades territoriales, escaños reservados en una proporción desvinculada de los votos efectivamente recibidos, el establecimiento de sistemas especiales de justicia cuyos alcances esenciales se desconocían, y la exigencia de consentimiento indígena (una especie de veto amplio cuyos partidarios no han podido precisar) para las materias que afecten los derechos consagrados en la Constitución; y una larga serie de disposiciones que comprometían el desarrollo económico del país en las más diversas áreas, privilegiando recetas fracasadas de más estatismo.

Si bien este proyecto octubrista fue rechazado por la ciudadanía, una parte relevante de la izquierda no ha renunciado en lo sustancial a ese proyecto, y solo parece estar a la espera de que a futuro pueda mejorar lo que suelen llamar “la correlación de fuerzas”. El que en las recientes elecciones internas del Frente Amplio haya sido la corriente liderada por el diputado Gonzalo Winter la más votada —es cosa de analizar sus frecuentes declaraciones para identificarlo con las posturas más radicales de su sector— es una prueba de que no ha habido una evolución en las bases.

¿Y después Cuba?

Y qué decir del Partido Comunista, cuyos dirigentes no suelen siquiera esconder la admiración por los procesos chavista y cubano. Es cosa de ver, por ejemplo, cómo han estado informando los medios de comunicación del PC en Chile sobre las elecciones en Venezuela. En poco se diferencian sus contenidos de la estrategia oficial de campaña de Maduro, ya que según consignan en un artículo “el 28 de julio se juega el futuro en Venezuela. Mantener la independencia y la soberanía o volver a ser una colonia. ¡Que nadie se equivoque!”. El diputado PC Boris Barrera destaca desde el país caribeño que “hay un clima de normalidad electoral”, y el dirigente de ese partido Juan Andrés Lagos afirma que “estudios serios muestran que gana Maduro” y que en Venezuela “hay un proceso democrático que se ha ido consolidando”.

Todo ello anticipa su apoyo al chavismo si se declara ganador de los comicios, a pesar de que las múltiples irregularidades, amenazas y expulsión de observadores internacionales han sido ampliamente denunciadas. Es claro también que ven en la eventual derrota del régimen de Maduro el peligro de que esta ola ciudadana exigiendo libertad impacte a la dictadura cubana, su principal aliado internacional.

En fin, el reciente intento de alterar las reglas electorales saltándose la Constitución, el recrudecimiento de las protestas y campañas de difamación en las calles y en redes sociales (verdaderos “asesinatos de imagen” que exceden ampliamente la legítima crítica política propia de una democracia) y el permanente ataque y desprestigio a sectores económicos, muestran que lamentablemente no hay mayores cambios en el actuar de muchos de quienes integran hoy el oficialismo.