El año 1987, al anunciarse que la reanudación de las labores del Congreso Nacional sería en la ciudad de Valparaíso, se produjeron toda suerte de reacciones; desde este diario, que la consideró una mala idea, hasta quienes quisieron proyectar una visión futurista del desarrollo de las regiones. Hubo largas discusiones, pues el texto constitucional solo hablaba de una ciudad capital, pero la Junta de Gobierno siguió adelante con el proyecto. Lo que nadie previno, ni imaginó siquiera, es que, cerca de cuarenta años después, Valparaíso, lejos de mostrar un gran desarrollo, estaría en las condiciones de deterioro actual. Ni mucho menos que el flamante edificio del Congreso sirviera de soporte para el comercio ambulante, ilegal, que se despliega en la alicaída ciudad.

En efecto, los puestos de vendedores de ropa usada, adminículos para celulares y, peor, alimentos cocinados en el mismo lugar, copan las veredas del Poder Legislativo. Las rejas del edificio se emplean como vitrinas para colgar la ropa en venta y los toldos azules pululan, impidiendo el paso a los transeúntes, quienes ya solo acuden como clientes a comprar. Los inmigrantes forman parte importante de quienes comercian y, según sus costumbres, cocinan en los espacios públicos, algo que era muy raro de ver en Chile hasta hace poco tiempo. Las autoridades municipales afirman que han entregado permisos precarios, pero, como dice un especialista en desarrollo urbano, prima ahí la ley de la calle. Y los periodistas confirman que hay empleo de fuerza y de amenazas entre los propios comerciantes para poder establecerse en el lugar.

El deterioro de la ciudad es un hecho indesmentible, que se acentuó gravemente con el estallido del año 2019. En el barrio del Congreso ha habido destrozos importantes, entre ellos los producidos en el “Monumento a la Solidaridad”, de Mario Irarrázabal, vandalizado e incendiado en plena agitación violenta. Hace un par de meses el municipio decidió retirarlo y donar el cobre a una escuela municipal. La destrucción que arrasa borrando el pasado, sin permitir que subsista huella alguna, parece ir imponiéndose.

En verdad, nadie cuida el edificio del Congreso Nacional, ni las autoridades locales, que debieran estar interesadas en conservar este símbolo de nuestra democracia en su ciudad, ni los propios parlamentarios, que parecen desentenderse por completo del destino del inmueble y su entorno. Las primeras se quejan de la falta de interés de los segundos, pero si bien habría mucho que observarle al municipio, con fundadas sospechas de clientelismo, en el Congreso no se han registrado mayores reclamos. Si hubo una época en que distintos parlamentarios se interesaban por embellecer y aportar a Valparaíso, como el senador Gabriel Valdés, que impulsó los concursos para proveer de puertas elaboradas al edificio y de obras de arte tanto en su interior como en sus alrededores, ya eso pertenece al pasado. Hoy recibe más atención y cuidado el edificio del ex-Congreso en Santiago.

Pese al fracaso de la idea de promover el desarrollo regional, y aunque todo lo obrado antes de 1990 parece estar sometido a fuerte revisión, los nuevos proyectos constitucionales no se abrieron a examinar la conveniencia de tener al Congreso a dos horas de distancia del Ejecutivo. Así como en Valparaíso su sede parece ser un cuerpo extraño a las preocupaciones de la gente local, también a los parlamentarios la ciudad puerto les es completamente ajena. No se han trasladado a vivir ahí, buena parte ni siquiera pernocta en el lugar y prefieren retornar a Santiago. A estas alturas, con un edificio aislado de las circunstancias de su entorno, que se deteriora a paso rápido, rodeado de comercio clandestino tolerado por las autoridades municipales, se impondría una discusión seria sobre la mejor ubicación para el buen funcionamiento del Poder Legislativo.