El sector sanitario registra desde hace años cifras alarmantes de aguas no tarificadas, es decir, aguas que se pierden por deficiencias en la red o por robos, aparte de las que se destinan a usos gratuitos (por ejemplo, bomberos). Las cifras van desde menos de 10% en ciertas empresas pequeñas hasta valores de entre 30 y 48% en algunas de las de mayor tamaño. Son números que se comparan desfavorablemente con los de EE.UU. o la mayoría de los países europeos.

Una parte del problema se debe al aumento de las referidas pérdidas por robo —por ejemplo, debido a la mayor presencia de campamentos— y también a que hay más áreas en las que es difícil, por razones de seguridad, ingresar a revisar el estado de los arranques. Ello es un signo de deterioro institucional, cuestión de la que no podría responsabilizarse a las empresas.

Pero, aunque no toda el agua no facturada se pierde por problemas en la red, las deficiencias de esta sí son responsables de alrededor del 70% del problema. El punto es que esa agua que se pierde se debe reemplazar mediante inversiones que elevan el costo total del servicio. Por ejemplo, en Santiago, se hará permanente la cesión, para uso de la ciudad, de varios metros cúbicos de agua del río Maipo. Para devolver esta, se está construyendo el proyecto Retorno Maipo, que usará parte de las aguas depuradas por la planta El Trebal. La iniciativa involucra un ducto de 34 km, el cual elevará en 200 metros un caudal de 3 metros cúbicos/seg., para retornar esas aguas a los regantes de la cuenca. Sin embargo, considerando la producción de las plantas de Aguas Andinas, si se pudiera reducir a la mitad el recurso no facturado, no sería necesaria esta obra.

Pese a los esfuerzos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para lograr una reducción, ha habido pocos avances. Salvo las sanitarias de Maipú y Valparaíso, que sí han mejorado en forma significativa (aunque aún tienen resultados deficientes), las demás firmas solo exhiben pequeñas reducciones.

En su mayor parte, este tipo de pérdidas se debe a fallas de mantenimiento en la red o al uso de malos materiales en los arranques domiciliarios. Según las empresas, el problema del mantenimiento tiene su origen en un esquema regulatorio que minimiza los costos en el corto plazo, sin considerar que a la larga ello podría ser más oneroso. Así, aunque hay incentivos a la reducción de pérdidas, estos no son suficientes. Por lo mismo, es probable que se deba repensar el actual esquema regulatorio.

Un segundo factor no tiene que ver con el sector sanitario, sino con las políticas de vivienda. Para ahorrar costos, particularmente en el caso de las viviendas sociales, se ha establecido como estándar para los arranques desde la matriz a los hogares el PVC, un material poco apropiado y que falla a los pocos años. En este caso, una modificación del estándar de material por uno más resistente traería beneficios que excederían por mucho los mayores costos de construcción. Este criterio es especialmente válido si se considera que el cambio climático tenderá a reducir las lluvias en la zona central.

Afortunadamente, este año no debería haber problemas de suministro en la mayoría de las grandes ciudades del país. Pero, para prevenir los efectos de sequías futuras, es necesario —aparte de medidas que permitan reducir el robo— realizar cambios regulatorios orientados a mejorar la calidad de las redes, y evitar así tener que efectuar inversiones de más alto costo para asegurar el suministro.