Conforme pasan las horas, solo se agudiza el más reciente de los conflictos entre el Gobierno y el Partido Comunista. Pero si bien las diferencias entre el Ejecutivo y el PC se han vuelto ya una constante, la actual confrontación tiene una gravedad especial, pues se juegan en ella aspectos fundamentales para un Estado democrático de derecho.

En efecto, la pugna se ha desatado esta vez a propósito de un allanamiento a siete inmuebles realizado por Carabineros el pasado sábado en distintos lugares de la capital. El procedimiento tuvo su origen en una petición realizada por la Fiscalía Metropolitana Sur y autorizada por el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago. La indagatoria se enmarca en una investigación desarrollada por dicha fiscalía por la instalación de un artefacto explosivo, que no detonó, en una automotora de Estación Central, en diciembre de 2023, y un ataque con bombas molotov a un carro policial, que luego explosionó, en Villa Francia, el pasado 29 de marzo. Los allanamientos dieron como resultado la incautación de material explosivo, una granada lacrimógena, un bolso con 18 armas —en buen estado y funcionando— que se encontraba en la radio Villa Francia, drogas en menor cantidad y computadores. Todo sugiere que aquí se ha detectado un conjunto de actividades que buscan producir temor en la población y generar inestabilidad por medio de atentados que no serían de gran escala, pero que indudablemente afectan el buen funcionamiento de la vida en común y la democracia.

En esta investigación se han seguido todos los procedimientos propios de un Estado de derecho, sin mayores distinciones con aquellos observados en otras democracias. Por eso, son incomprensibles las declaraciones del presidente del Partido Comunista, quien en Radio Nuevo Mundo sostuvo, respecto de este allanamiento, que “la gente tiene el derecho a decir esto es una provocación, esto es un montaje, esto es, de nuevo, memoria histórica, lo mismo que traumatizó la relación de la autoridad con la convivencia en la base popular… espero de parte de la autoridad, la ministra del Interior, que exista la absoluta y plena transparencia”. La insinuación es evidente y difícil de tolerar en una coalición política. La jefa de gabinete cuestionó estas declaraciones y reconoció que en la relación con el PC “han sido varias diferencias complejas, que se han sumado unas a otras” e insistió que “cuando uno está en un rol de gobierno, la manera en que maneja sus diferencias públicas tiene que ser más cuidadosa”.

Sin duda que un estilo de esta naturaleza complica las relaciones políticas, pero el problema es más profundo que eso: son distintas visiones del funcionamiento de la democracia las que están en juego. Es evidente que la ministra Tohá y una parte relevante de la coalición gubernamental se sienten cómodas con la separación de poderes del Estado, pero no es el caso del PC o de algunos representantes del Frente Amplio que también cuestionaron el allanamiento y han pretendido calificarlo como un acto de injusta represión. Olvidan que esta operación no fue resuelta por el Gobierno, sino que por otro poder independiente, cuya existencia es indispensable para una democracia. Por el contrario, hay implícita en las declaraciones del dirigente comunista la idea de que este es un asunto que debe resolver el Poder Ejecutivo. No es difícil hallar acá un paralelo con el análisis del caso Jadue por parte del mismo PC, donde también se desconoce la independencia de los tribunales y se descalifican sus decisiones. Los alcances institucionales son graves. No es casualidad que los autoritarismos quieran echar mano al Poder Judicial, pero ello no admite cabida en un diseño democrático. Hay aquí una diferencia insalvable entre la posición comunista y la de la ministra del Interior: es en extremo difícil —cuando no insostenible— la convivencia de una coalición si alguno de sus miembros no acepta las instituciones que una democracia moderna requiere para dar garantías a todos los ciudadanos.

El PC intentó fundar su cuestionamiento al operativo policial en que el Tribunal de Garantía declaró inicialmente ilegal la detención de 9 personas, decisión luego revertida por la Corte. Sin embargo, ha pasado por alto el hecho más complejo, esto es, el volumen de armas encontradas, sin expresar reparos por ello. ¿Es tolerable para el PC que un grupo u organización reúna un conjunto significativo de armas y material explosivo? ¿Cuáles serían las razones? ¿Es aceptable en democracia el uso de la violencia política? De un partido de gobierno, y de todos los que participan en la vida democrática del país, cabría esperar una condena categórica a la existencia de esas armas y una actitud de prudencia frente a las investigaciones del Ministerio Público.