Señor Director:

He leído las declaraciones del secretario de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, quien, en lo que interpreto como un pedido desesperado de ayuda, ante una realidad que conocemos hace años, describe la horrorosa situación y condiciones de hacinamiento que existe en las cárceles del país. En ellas se hace un listado de los cinco recintos penitenciarios con más internos, los que en promedio exhiben una sobrepoblación, calculada sobre su capacidad máxima, de 300%.

Sabido es que, en ese ambiente, resulta totalmente imposible cualquier control eficaz por parte de los funcionarios de Gendarmería, al igual que una adecuada segregación penitenciaria, y ni hablar de aspirar a algún tipo de rehabilitación, por mínimo que sea.

Por otra parte, vemos cada día con menos asombro la instalación y operación del crimen organizado transnacional, que pronto, no seamos ingenuos, dará a luz a bandas completamente nacionales. Por los modos, reglas y procedimientos de cada “bando”, la lucha contra el crimen organizado es una de las tareas de mayor dificultad que debe enfrentar una democracia liberal. Pero, también, es una de las más importantes, pues en ganarla o perderla se juega, sin exagerar, el destino del país. Chile no va ganando esa batalla y lo sabemos. El Organized Crime Index muestra que entre 2021 y 2023, nuestro país aumentó significativamente su índice de criminalidad y, también, bajó en lo que se denomina índice de resiliencia, que se refiere, en simple, a la capacidad del Estado para reaccionar adecuadamente frente al crimen.

Un aspecto fundamental en la persecución y desmantelamiento de las bandas de crimen organizado es el sistema carcelario y cómo este debe evitar que los penales sean “capturados” por sus bandas. De hecho, el Tren de Aragua nació capturando la cárcel de Tocorón, y el Primer Comando de la Capital, el recinto de Carandiru, solo por nombrar dos. Ambas cárceles tenían características similares a las que tienen los penales de Chile.

Reconozco que en política no es fácil construir cárceles. Es difícil encontrar un lugar donde ubicarlas, la ciudadanía no las quiere cerca, son caras ante otras necesidades apremiantes, su construcción toma tiempo, etcétera. Pero esto hay que vincularlo precisamente con que las cárceles son vitales para la lucha contra el crimen organizado y que en ganar esa batalla se juega el destino del país.

Mirando lo anterior, pienso que, en vez de analizar megacárceles para el crimen organizado, el Gobierno debería analizar un programa de cárceles de mínima seguridad, para quienes tengan una primera condena por delitos menores, delincuentes no violentos y quienes cumplan prisión preventiva, por ejemplo. Por la naturaleza de estos recintos, ellos podrían generar una eficiente rehabilitación, menos oposición, son bastante más baratos y se construyen mucho más rápido. Trasladando internos a estos establecimientos se liberará espacio en las cárceles ya existentes, las que con no muchas reformas servirían para encerrar bandas de crimen organizado y, mediante un apropiado aislamiento, evitar que, desde adentro, sigan ejerciendo el control de actividades delictivas afuera.

Rodrigo Hinzpeter Kirberg