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Editorial
Sábado 18 de mayo de 2024
Grabado de patentes
''Las normas deben sustentarse en evidencia que avale su eficacia, especialmente cuando implican mayores gastos y trámites''.
Hasta mayo de 2025 tendrán plazo los propietarios de vehículos para cumplir con la norma que exige el grabado de la patente en vidrios y espejos. Con la reciente publicación del reglamento de la ley promulgada en 2023 —en el que se enumera una serie de especificaciones de cómo cumplir con la regulación—, la disposición se convierte en obligatoria. Su incumplimiento puede implicar elevadas multas y será uno de los condicionantes para la aprobación de la revisión técnica anual.
Esta nueva exigencia, que se suma a otras —como el uso de los chalecos amarillos o la estricta imposición de las sillas infantiles—, implica un nuevo gasto —que se elevará, dada la demanda originada con su obligatoriedad— para los propietarios, sin que se hayan conocido estudios que den cuenta de su verdadero impacto en la disminución del robo de autos, y depositando en el automovilista responsabilidades —como la seguridad pública— que lo exceden y son propias de la autoridad. Resultan entendibles, entonces, las voces que se han levantado en protesta, poniendo en duda su eficacia.
Si bien la medida puede entenderse por la necesidad de inhibir los actos delictivos en un contexto de “portonazos” y asaltos cotidianos, pareciera necesario poner el énfasis además en una mayor fiscalización de desarmadurías a las que acceden autos robados y en la oferta de productos de origen desconocido que permite —con facilidad— la compra a bajo precio de repuestos sustraídos. La nueva disposición tendría algún sentido si efectivamente sirviera para debilitar el activo mercado informal existente.
Siendo la delincuencia la mayor preocupación de la ciudadanía, es comprensible la preocupación del legislador por responder a los apremiantes problemas que genera, como la inseguridad de los conductores. Sin embargo, la actividad legislativa debiera evitar iniciativas originadas en entusiasmos reactivos —polémica ha causado la aprobación de leyes discutidas ante circunstancias extremas, muchas veces trágicas, personalizando la norma bajo el nombre del afectado—, sino más bien atender a estudios que aborden la experiencia comparada y permitan al ciudadano entender el alcance y la eficacia de las medidas, especialmente cuando estas conllevan incurrir en mayores gastos y trámites.
Lograr un alto cumplimiento de las normas no solo depende de su fiscalización, sino también de la adhesión pública a dicha obligatoriedad, la que se sustenta en un amplio acuerdo basado en evidencia respecto de sus beneficios, tanto personales como colectivos. Por lo mismo, cabe en este caso demandar de las autoridades una información periódica que dé cuenta del efectivo impacto de esta medida en la prevención de los robos de autos. De otro modo, difícilmente comprometerá a la ciudadanía con su cumplimiento.