La Estrategia Nacional del Litio de este gobierno ha evolucionado desde la rigidez ideológica que exhibía durante la campaña presidencial, hasta los anuncios de esta semana —30 meses más tarde— sobre la explotación de salares distintos de los de Atacama y Maricunga.

En efecto, inicialmente se anunció que el litio solo se explotaría por una empresa estatal única, creada especialmente para tal propósito. Esa idea, objeto de críticas de los especialistas, fue abandonada en los hechos, luego de un año de vacilaciones. Posteriormente, cuando la estrategia finalmente se explicitó, la Empresa Nacional del Litio fue sustituida por la participación mayoritaria del Estado en las compañías que explotaran el metal, participación que estaría a cargo de Codelco o Enami; en ese momento, el ministro de Hacienda anunció una diferenciación entre salares “estratégicos” y el resto, abriéndose a que en estos últimos la participación del Estado pudiera no ser mayoritaria, pero sin dar detalles. Ahora, un año después, con este anuncio se aclara que solo los salares de Atacama y Maricunga tendrán el referido carácter de “estratégicos”, y que habrá otras dos categorías en las que la explotación tendrá condiciones distintas. En la primera de ellas (correspondiente a cinco salares), los proyectos deberán ser liderados por una empresa estatal (de nuevo, Codelco y Enami), pero con una “flexibilidad” cuyos detalles deben aclararse, mientras que en la tercera categoría, que incluye 26 salares, el Estado hará un llamado amplio a inversionistas para licitar su explotación. Aparte de todo esto, habrá también una red de salares protegidos, correspondientes al 33% de la superficie total de depósitos salinos.

No está claro si estas modificaciones provienen de un cambio en las convicciones del Gobierno o si solo se trata de enfrentar con realismo la necesidad de aprovechar la bonanza del litio, dado que el Estado no está en condiciones de hacerlo. De hecho, ni Codelco ni Enami lo están, y su participación en los salares de mayor potencial más bien sugiere que el Ejecutivo les entregó estos activos rentables para permitirles a ambas abordar su futuro de mejor forma: a Codelco, enfrentar con mayor solidez financiera las dificultades de sus proyectos estructurales, y a Enami, disminuir o eliminar sus casi permanentes pérdidas.

El Gobierno ya consumió dos años tratando de fijar su política para el litio, pero esta aún no provee de certeza jurídica suficiente para atraer inversión en los montos y velocidades requeridas. Personeros vinculados al sector afirman que, luego de los últimos anuncios, aún subsisten aspectos que requieren mayor claridad legal. Mientras tanto, otros países con amplias reservas, incluida Argentina, han hecho enormes avances para atraer e implementar inversiones. Por pragmatismo o convicción, es de esperar que el Gobierno haya aprendido la lección, y de ahora en adelante acelere sus decisiones para que Chile obtenga los beneficios que el litio puede otorgar.