La decisión del Gobierno de cancelar la participación de la industria israelí en Fidae 2024 —la principal exhibición aeroespacial, de defensa y seguridad de América Latina— tiene repercusiones negativas en las relaciones con Israel, con previsibles daños para los intereses nacionales y para la política exterior e imagen internacional de Chile.

Demostrativa de la parcialidad del Gobierno en el conflicto árabe-israelí fue la insólita —y sin precedentes en el mundo— suspensión de credenciales del embajador de Israel en Santiago, seguida por la vigente convocatoria a informar del embajador chileno en Tel Aviv, con carácter indefinido; luego, las confusas declaraciones oficiales en el inicio del ataque a asentamientos judíos, que asimilaron los aspectos morales y jurídicos de la ofensiva israelí en Gaza con el terrorismo de Hamas del 7 de octubre, y, finalmente, la intervención de agentes chilenos en juicios en contra de Israel en La Haya.

El escalamiento y sumatoria de estas medidas con la marginación de productos de Israel de esta feria donde se exhibe material de alta tecnología, más que politizar y desprestigiar a futuro el evento, importa a nuestro territorio un conflicto internacional, lo que agrava divisiones internas entre dos comunidades extranjeras de enorme importancia para el desarrollo y pacífica convivencia nacional. Además, la incomprensible cancelación autoimpone restricciones al abastecimiento de tecnologías avanzadas y a las asistencias de vanguardia en salud, informática, inteligencia artificial, ingeniería, gestión de aguas, servicios y programas vitales para la seguridad nacional y de las personas y progreso del país, a lo que corresponde agregar riesgos que podrían alentar el antisemitismo y cambios importantes en la convivencia, precedentes discrecionales y arbitrarios en la gestión de la política exterior, de alto costo y sin beneficio tangible para el país.

Chile ha sido siempre contrario a adoptar medidas económicas de retaliación por motivos políticos debido a los costos internos que significan a su población, por sus repercusiones en personas inocentes en el extranjero, y finalmente por su dudosa eficacia, ya sea por la experiencia internacional, o bien por la escasa incidencia del poder nacional para resolver y alterar la evolución de los conflictos globales.

A la vez, la gestión internacional de nuestra diplomacia, consciente del valor de la inserción en el mundo para la defensa de la soberanía y legítimas oportunidades de la población, se ha basado en políticas de Estado, que asumen consensos amplios y transversales para promover correctas relaciones con los países y organismos internacionales.

Nada de lo anterior está presente en la nueva actitud del Gobierno hacia Israel, la que se ha transformado en una política personalizada del Presidente Boric, calificada por algunos como una obsesión del jefe de Estado, que acoge iniciativas sancionatorias desproporcionadas.

Incómoda debe ser la situación de las autoridades de la Cancillería responsables de llevar adelante medidas que comprometen negativamente su debido profesionalismo y la imagen internacional de Chile.

La grave situación de los derechos humanos en la zona de Gaza, el terrorismo de Hamas y el derecho de legítima defensa de Israel perfectamente se pueden incorporar con prudencia en una relación con ese Estado, incluso denunciando sus eventuales transgresiones a derechos fundamentales y dando señales inteligentes de rechazo que no dañen los intereses nacionales, mediante un trato no discriminatorio, coherente con el que se practica con otros gobiernos transgresores de principios y valores permanentes en nuestra política exterior.