Aquí estamos, nuevamente. Eso de la nueva Constitución, cual embarazo sin alumbramiento, más que sueño parece pesadilla. Ahora vamos por el tercer intento. Primero vino el proyecto de Bachelet, en los últimos días de su segundo mandato, y emocionó menos que un discurso de colegio de fin de año. Luego llegó ese carnaval nihilista de la Convención Constituyente del 2022 que, gracias a Dios, terminó en un fracaso rotundo. Y ahora vamos enfilando por este nuevo camino —quizás para algunos cornisa—, con la Comisión Experta y el Consejo Constitucional.

En sencillo —tome aire porque esto es enredado, incluso en versión “peras y manzanas”—, el actual derrotero se inició con la reforma de la Constitución vigente para regular este nuevo proceso constituyente. Luego, el Congreso eligió a 24 profesionales para conformar la Comisión Experta, que tiene que elaborar un anteproyecto. Esa Comisión empezó a trabajar en marzo y debe terminar su labor a principios de junio.

La Comisión Experta ya aprobó, en general, su anteproyecto. Recientemente, sus 4 subcomisiones discutieron y votaron las más de 900 indicaciones presentadas. Ahora toca que el pleno vote (en particular) el nuevo articulado del anteproyecto. En junio será el turno del Consejo Constitucional, cuyos 51 integrantes (uno de los pueblos originarios) deberán aprobar, modificar o incorporar nuevas normas al anteproyecto de la Comisión Experta por el quorum de tres quintos de sus miembros. Adicionalmente, se estableció un Comité Técnico de Admisibilidad con otras 14 personas elegidas por el Congreso, para velar por que se respeten las 12 “bases institucionales y fundamentales” acordadas en la reforma constitucional. Por último, y luego que el Consejo apruebe el texto propuesto, tendremos que volver a las urnas —para que desde ya lo anote en su calendario— el 17 de diciembre.

Agotador, sin duda.

Pero se ve luz al final del túnel. El anteproyecto de la Comisión Experta se lee bien y se entiende. El contraste con la propuesta del 2022 —ese imbunche colérico que fue desechado— es abismante. El actual anteproyecto recoge nuestro pasado, procesa el presente y se proyecta en los desafíos del futuro, como un automóvil que está provisto de espejo retrovisor, buen y ancho parabrisas y GPS para las curvas del largo plazo. Teniendo a la vista principalmente las normas aprobadas en general por la Comisión, y en particular por las subcomisiones, déjenme ejemplificar las bondades del actual anteproyecto con algunas normas esenciales sobre régimen económico. En las bases de la institucionalidad, se dispone que Chile “se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”. El Estado tiene que ser activo en promover derechos sociales, que es más intenso que contribuir a crear las condiciones sociales para la mayor realización posible, como lo dispone la actual Constitución. Esa promoción, sin embargo, debe hacerse con los recursos públicos con que se cuente, siguiendo los principios de eficiencia y eficacia, y apoyándose tanto en organismos estatales como privados.

En libre emprendimiento y Estado empresario, el anteproyecto sigue la buena senda de la Constitución actual. Se establece el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la salud pública, orden público o seguridad, en conformidad a la ley. Asimismo, se dispone que el Estado podrá desarrollar actividades empresariales siempre que se haga a través de una ley de quorum calificado. Lo que es más importante —y que se omitió en el proyecto del 2022—: tales actividades estarán sometidas a la legislación aplicable a los particulares, o sea, respetando el principio de la neutralidad competitiva, salvo las excepciones justificadas establecidas con una ley del mismo quorum.

En derecho de propiedad, se le reconoce tanto respecto de bienes corporales como incorporales, y se agrega el desarrollo sostenible como un criterio adicional de función social. La expropiación deberá indemnizarse por el daño patrimonial causado y se pagará en efectivo, alejándose de la incierta fórmula del “justo precio” de la propuesta del 2022. Además, se establece la propiedad intelectual, asunto omitido (salvo para los derechos de autor) en 2022, y se reconocen las concesiones mineras y los derechos de aprovechamiento de aguas (aunque se dispone que el Estado deberá garantizar el agua a las generaciones actuales y futuras, así como la prevalencia del consumo humano). Por su parte, los impuestos deben ser proporcionados y justos y su imposición solo se puede hacer por ley de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

En libre competencia, se dice que “es deber del Estado promover y defender la libre competencia en las actividades económicas”, siguiendo la tradición que se instauró en Chile con la ley de competencia de 1959 y evitando el embrollo propuesto en el borrador del 2022 (que iba a producir dolores de cabeza a la institucionalidad de libre competencia). Además, por primera vez se agregan normas sobre derecho de consumidores y se dispone que el Estado debe protegerlos ante prácticas abusivas.

Hasta ahora vamos bien. Habrá que ver en qué termina el anteproyecto final aprobado por el pleno de la Comisión Experta y cómo se comporta el Consejo Constitucional —que no caiga en el mismo error de la Convención, de pensar que están redactando un programa de gobierno para un país irreal—.

¿Por qué no vamos a ser capaces de acordar una nueva Constitución democrática y razonable, que establezca contrapesos efectivos entre un poderoso Estado y un poderoso sector privado, y que nos traiga bienestar y paz?

La Comisión Experta nos está diciendo que sí se puede.

Felipe Irarrázabal