Señor Director:

En agosto de 2022 el líder de la CAM, Héctor Llaitul, fue detenido en Cañete tras dos años de investigación por delitos contra la Ley de Seguridad del Estado, entre otros. Durante la audiencia de preparación de juicio oral, en marzo pasado, la magistrada Viviana García, del Juzgado de Garantía de Temuco, acogió la petición de entregar la identidad de cinco testigos protegidos a la defensa, bajo la lógica de que el persecutor habría incurrido en un vicio formal. Ante esta particular decisión, el fiscal Garrido interpuso un recurso de protección y la Corte de Apelaciones de Temuco decidió no innovar, con lo cual la identidad e integridad de los testigos de esta causa logró ser resguardada.

Si bien podríamos debatir sobre el criterio de la jueza García o la eventual colisión entre el derecho a la defensa y la protección de testigos —que valga señalar cuentan con un largo historial de denuncias por diversos delitos—, nuestra atención debiera dirigirse al centro penitenciario de Biobío, donde el cofundador de la CAM realizó un llamado a manifestarse contra la orden de la Corte, aduciendo una contravención al debido proceso y señalando que “los testigos protegidos pueden ser parte de una estrategia sucia del gobierno y de nuestros enemigos históricos”.

De nada sirve que el proceso judicial resguarde una serie de derechos si permitimos que el amedrentamiento tenga lugar en un estado democrático de derecho.

Andrea Martínez M.
Directora del Observatorio Judicial