Hace pocos días se cumplieron 30 años desde que se licitó el primer proyecto bajo la Ley de Concesiones del MOP. Desde entonces se han licitado US$ 28 mil millones y el programa de concesiones ha dotado al país de una infraestructura de un nivel no imaginado hace tres décadas. Posteriormente a aquella normativa, se incorporó también en la Ley de Puertos la posibilidad de concesionar terminales, lo que ha permitido mejorar el equipamiento, la infraestructura y las operaciones en el sector marítimo.

El gobierno pasado desarrolló una importante cartera de concesiones y de segundas concesiones de proyectos —esto, ya que varias en operación estaban por concluir—. Solo durante los últimos 12 meses de esa administración se llamó a licitación por 12 proyectos. Esta actividad contrasta con la desarrollada durante este gobierno y hasta el último cambio de gabinete, período en que simplemente no hubo nuevos llamados a licitación. La única actividad fue la publicación, en octubre de 2022, de un programa de proyectos para el período 2022-2026 que ahora la nueva ministra de Obras Públicas deberá desarrollar. Los cuadros de la Dirección de Concesiones no han cambiado sustancialmente desde el gobierno pasado, por lo que la inercia en materia de llamados a licitación probablemente se haya debido a causas externas a esa Dirección.

Cabe recordar que los partidos del oficialista pacto Apruebo Dignidad tenían una ideologizada visión negativa de las políticas desarrolladas por la Concertación, uno de cuyos símbolos fueron precisamente los programas de concesiones y su asociación con la figura del expresidente Lagos. Incluso, en el proyecto de nueva Constitución al que este gobierno adhirió, se eliminaba la protección explícita de los derechos de propiedad incorporales, afectando a la minería y las concesiones. Fue solo después de la derrota del proyecto constitucional que esta administración reorientó su línea y en ese contexto se publicó el referido programa de iniciativas.

Por cierto, aunque sí habría sido concordante con posiciones ideológicas imperantes en el oficialismo, tampoco hay grandes proyectos de infraestructura bajo el marco de inversión pública del MOP. De hecho, los proyectos de vialidad para 2023 suman apenas US$ 685 millones. Esto podría deberse a distintas razones o bien ser otra manifestación de ineficiencia en la gestión pública.

La nueva ministra enfrenta un calendario exigente de proyectos que mejorarán carreteras y aeropuertos. Además, hay iniciativas de equipamiento urbano como tranvías, teleféricos e incluso planes de calefacción. Un proyecto complejo y de gran magnitud, porque no es claro si su rentabilidad resulta suficiente, es el carísimo tren convencional a Valparaíso.

El país requiere seguir desarrollando el sistema de concesiones, que le ha dado buenos resultados y que a nivel internacional genera cierta admiración. Si bien en un comienzo los contratos y la ley tenían un sesgo que pudo estimarse favorable a las empresas, reformas legales y la experiencia han llevado a un mejor equilibrio, manteniendo el atractivo para los inversionistas. Los sectores público y privado tienen experiencia, y la institucionalidad es relativamente robusta y capaz de resolver conflictos. Tal vez el mayor inconveniente actual sea la menor capacidad de ahorro nacional debido a los retiros de las AFP. Esto significa que muchos recursos tendrán que provenir del extranjero.

El choque con el mundo real ha desarmado al Gobierno en diversos ámbitos, debiendo cambiar ambiciosos objetivos iniciales por otros más pedestres que requieren destreza administrativa. El desarrollo de un sólido programa de obras públicas y concesiones podría servirle para dejar un mejor legado al país.