La decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad de los indultos concedidos por el Presidente no despeja la cuestión de fondo. ¿Qué consideraciones políticas hizo él al adoptar la decisión de indultar precisamente a esas 13 personas? ¿Qué lo movió a actuar de ese modo si, como ya aclaró el propio ministro de Justicia, conoció los expedientes de los condenados y la opinión desfavorable de Gendarmería acerca de ponerlos en libertad? Se equivocaría gravemente el Gobierno si creyera que el problema quedó resuelto por el TC. De ninguna manera. Hay demasiadas preguntas sin respuesta.

La explicación dada en enero por La Moneda de que se habían producido “desprolijidades” del Ministerio de Justicia en la tramitación de los indultos, y hasta la insinuación de que, sin esas desprolijidades, la decisión presidencial pudo haber sido distinta, fue solo una manera de cubrir las espaldas del mandatario. Al final, la exministra de Justicia, Marcela Ríos, terminó pagando los platos rotos de la decisión presidencial.

El mandatario tenía que saber, en diciembre pasado, que los indultos iban a provocar una fuerte controversia nacional, sobre todo cuando la mayor preocupación ciudadana es el incremento de la delincuencia. Sabía que iba a pagar un costo político. Sin embargo, firmó los indultos de todas maneras, lo que lleva a pensar que consideró que la opción de no hacerlo representaba un costo mayor. La pregunta inevitable es, por supuesto, cuál era el costo que él temía.

Al argumentar que los indultos buscaban favorecer la paz social, el mandatario dio a entender que ese era el modo de impedir nuevas violencias, y aquí sí que las cosas se vuelven completamente turbias. ¿Quiere decir que hubo quienes amenazaron con desatar de nuevo la violencia en gran escala en el caso de que él no firmara los indultos? ¿Acaso el jefe del Estado fue amenazado, directa o indirectamente, si no actuaba en el sentido que lo hizo?

Apenas llegó a La Moneda, Boric dispuso el retiro de más de cien querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas por el gobierno anterior en contra de presos de la revuelta. ¿Supo entonces a quiénes estaba favoreciendo? ¿Consideró la posibilidad de que los beneficiados pudieran ser una amenaza para la sociedad? Todo sugiere que, ya convertido en gobernante, primó en él la decisión política de manifestar buena voluntad hacia los grupos más activos del octubrismo. Hoy sabemos que allí actuaron insurrectos con prontuario.

Sería penoso que un gobernante constitucional estuviera sometido a una especie de “extorsión lumpen-revolucionaria”, o de cualquier otro tipo. Es difícil concebir una situación más perniciosa para la salud de nuestras instituciones y el futuro de la democracia. Por desgracia, a partir de 2019 ganaron terreno las fuerzas político/delictuales que han revelado tener una gran capacidad de causar daño.

Ya no es posible discutir la verdadera naturaleza de la asonada de 2019. Nuestra convivencia sufrió una agresión a mansalva de quienes, mediante la destrucción y el pillaje, buscaron llevar a Chile al caos y conseguir la caída del gobierno constitucional. Tal situación ha estado oscurecida por la explicación “social” de todo lo ocurrido. Hubo aquella vez una asociación de intereses entre la izquierda populista y el mundo de los delincuentes. Tal alianza dejó deudas, naturalmente.

Se entienden mejor ahora las veleidades del FA y el PC en las discusiones sobre los asuntos relacionados con la seguridad interior del Estado, como la protección de la infraestructura crítica, la renovación del estado de emergencia en el sur, el despliegue de las FF.AA. en la frontera norte y el combate contra el terrorismo. En enero, no sorprendió que esas fuerzas saludaran a “los luchadores” liberados por Boric, y hasta pidieran nuevos decretos de indulto. De hecho, el ministro Cordero informó que otro caso está en estudio.

La comisión de la Cámara de Diputados que investigará el trasfondo de los indultos se justifica plenamente. Son demasiados los aspectos que el país necesita que sean esclarecidos. La comisión no debe dejarse intimidar por nadie. Tiene que cumplir sus deberes con la República e ir al fondo del problema, puesto que son muy graves las implicancias jurídicas, políticas y sociales. No se puede consagrar la noción de impunidad en Chile.

Solo sirve la verdad. Por lo tanto, será mejor si el Gobierno se decide a encararla francamente, aunque ello implique admitir errores o faltas. Será peor si intenta alguna maniobra dilatoria o distractiva. No existe la posibilidad de echarle tierra a este desgraciado asunto.

Sergio Muñoz Riveros