Una nueva crisis divide a la coalición gobernante en España. Esto, luego de que los socialistas —el partido del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— presentaran el lunes, en solitario, un proyecto de reforma a la polémica ley del “solo sí es sí”, la iniciativa estrella de la ministra de Igualdad, la dirigenta de Podemos Irene Montero.

La ley en cuestión encuentra su origen en el caso de La Manada, la brutal violación de una joven por cinco hombres, ocurrida en 2016, en Pamplona. Al repudio que ese hecho generó, se sumó luego la consternación ante la baja condena recibida por los responsables; esto último, porque los jueces tipificaron el delito como un abuso y no como una agresión sexual, al no apreciar indicios de violencia o intimidación. A caballo de la indignación popular, la ley de Montero terminó con la diferenciación entre abusos y agresiones sexuales. Estableció, en cambio, que se consideraría agresión todo acto de connotación sexual efectuado sin el consentimiento de la otra persona, haciendo de este elemento el concepto central. Pero durante la tramitación hubo especialistas que plantearon objeciones. La principal: que con la nueva categorización se abría también el rango de posibles penas, bajándose el piso de estas, de modo que una misma conducta podría ahora recibir una sanción menor.

Tales reparos no impidieron la aprobación del proyecto, pero con su entrada en vigencia, el pasado octubre, las advertencias se hicieron realidad: condenados por delitos sexuales solicitaron y consiguieron la reducción de sus penas. De este modo, ya casi 400 agresores sexuales han terminado beneficiados por una iniciativa que pretendía proteger mejor a las víctimas. Lejos de reconocer errores, Montero acusó “machismo” en las resoluciones de los jueces, mientras que Podemos habló de “fachas con toga”. Sánchez, que inicialmente había defendido a su ministra, tomó nota del malestar ciudadano por lo ocurrido —el que ya le ha cobrado la cuenta en las encuestas— y le ordenó trabajar con su colega de Justicia (Pilar Llop, independiente cercana al PSOE) para enmendar la ley.

Ante la falta de acuerdos, sin embargo, los socialistas decidieron presentar el lunes, en solitario, su propuesta. Esta plantea un endurecimiento de penas para aquellos casos de agresión sexual en que exista violencia o intimidación. Frente a ello, se ha desatado la ira de Podemos, tanto por no haber sido avisados como por el fondo de la iniciativa: acusan a sus socios en el gobierno de querer “volver al Código Penal de La Manada”. Ministras y altas funcionarias podemitas tampoco han ocultado su rechazo, tensionando al gabinete. Y es que para la izquierda más dura lo único que debe determinar una agresión sexual es la existencia o no de consentimiento; renunciar a ese principio sería “intolerable”, pese a los malos resultados a que ha llevado la ley que procuró ceñirse a ese criterio. Declaraciones de Llop afirmando que “con una herida ya se puede probar que ha habido violencia” han enardecido aún más los ánimos.

El caso presenta aristas pertinentes de observar desde Chile, donde la tendencia a modificar la legislación penal a partir de episodios de alto impacto público ya ha derivado en normativas de frustrante resultado. Pero además, cuando en nuestro país parece consolidarse una alianza similar a la que gobierna España, entre el socialismo histórico y la nueva izquierda radical, el episodio ilustra cuán difícil puede llegar a ser la convivencia entre esas dos vertientes.