El reajuste de remuneraciones del sector público fue despachado por el Congreso. Repitiendo los procesos de otros años, la tramitación no estuvo exenta de polémicas y amenazas de paro, algunas concretadas parcialmente, de grupos específicos de funcionarios. En esta ocasión, fue el reajuste diferenciado en las remuneraciones el foco de los cuestionamientos. El proyecto proponía un aumento de 12 por ciento para los funcionarios de hasta 2,2 millones de pesos de renta mensualizada. Desde esa cifra en adelante se definía un reajuste fijo de 264 mil pesos, es decir, un alza proporcional cada vez menor a medida que subían las rentas de los trabajadores. Se puede comprender la intención del Ejecutivo con esta diferenciación, pero no logró convencer a los congresistas. Así, terminó acordándose que durante 2023 se asegurará un reajuste de 12 por ciento para todos los empleados del sector público. Este se hará en dos etapas. La última parte se completará en diciembre próximo, sirviendo de base para el reajuste que deberá legislarse entonces.

La tramitación también estuvo tensionada por la situación de los trabajadores municipales a honorarios, cuya regularización, en caso de que cumplan funciones de carácter permanente, fue exigida por Contraloría en enero pasado (el pronunciamiento también se aplica al nivel central, pero el número sería mayor en municipios). El Ejecutivo aspiraba a un traspaso al Código del Trabajo, pero finalmente se definió que ello sería la alternativa solo si no existe la posibilidad de utilizar la modalidad de contrata. Asimismo, quedó establecido que antes del 31 de julio el Gobierno debe presentar una solución legislativa que se haga cargo de las diferencias que pueden haberse producido al interior de las distintas escalas de remuneraciones por los reajustes diferenciados. Esto, atendida la compleja estructura de grados y asignaciones que definen dichas escalas. Además, Hacienda se comprometió a elaborar un estudio que permita comparar las remuneraciones del sector privado y el público.

La situación deja entrever la falta de modernización de la manera en que se definen las remuneraciones y contrataciones del Estado, aspecto que trasciende los reajustes. Hay que recordar que existen actualmente más de 60 regímenes que regulan el empleo público, cada uno con normas específicas que dificultan una gestión eficaz. Se establecen, además, una serie de protecciones obsoletas que se han justificado, entre otras razones, por la prohibición de huelgas en el sector público; en los hechos, sin embargo, los paros son habituales (la semana pasada hubo, por ejemplo, una paralización parcial de fiscales que afectó la formalización de varias causas), provocando muchas veces un daño enorme a los ciudadanos que, en el caso de la mayoría de las atenciones del Estado, no tienen otra alternativa. En esta materia, más que pensar en pequeños arreglos, se requiere revisar completamente el régimen de empleo del sector público.