El actual sistema de pensiones se encuentra en una profunda crisis al ser incapaz de asegurar una vejez digna para las personas y, en particular, al reproducir y reforzar la inequidad de género que sufren las mujeres. La reforma de pensiones que estamos tramitando en el Congreso, cuyo diseño responde a una perspectiva integral, se hace cargo de esta dimensión clave para construir un país más justo.
Uno de los problemas de fondo del sistema vigente es que se sustenta en la hipótesis de un tiempo lineal e ininterrumpido de trabajo a lo largo de la vida, que no aplica a gran parte de las mujeres, y niega la contribución insustituible de los trabajos no remunerados para el funcionamiento del mercado laboral y el conjunto de la sociedad.
Como resultado de este enfoque, se genera una brecha estructural que puede visualizarse a través de un conjunto de indicadores. Según el último “Informe de género sobre el sistema de pensiones y seguro de cesantía”, publicado hace poco por la Superintendencia de Pensiones, en junio de 2022 la densidad promedio de cotización en el sistema de capitalización individual para el total de hombres afiliados fue de 58,5%, y en mujeres, de 49,1%, cifras similares a las observadas prepandemia. Como es sabido, la densidad de cotización es un factor crítico que incidirá sobre la pensión futura.
Por otro lado, los promedios de remuneración imponible fueron de $1.069.302 para los hombres y de $940.112 para las mujeres, con una brecha de -12,1% que se amplió respecto del año anterior.
Cabe destacar que del casi un millón de pensiones de vejez por edad y vejez anticipada pagadas a junio de 2022, se observa una brecha en el monto promedio de la pensión equivalente a -35,8% en detrimento de las mujeres, la que se acentúa si consideramos la mediana del monto de pensión, donde llega a un -41,8%.
También es motivo de preocupación el impacto que tuvieron los retiros anticipados de ahorros previsionales gatillados por la crisis económica asociada a la pandemia de covid-19. Del total de mujeres que realizaron alguno de los retiros, el 43% agotó su saldo, proporción que alcanza el 30% del total de afiliados hombres que retiraron. Asimismo, de los cerca de dos millones de personas que recurrieron a sus ahorros previsionales y que seguían sin saldo a junio de 2022, dos tercios eran mujeres.
Revertir esta situación requiere un cambio de paradigma que ponga al centro otra lógica: la de la seguridad social. Eso es justamente lo que plantea la reforma previsional, que contempla un conjunto de mecanismos solidarios para revertir las inequidades de género. En efecto, con la creación del Pilar del Seguro Social financiado con el 6% aportado por los empleadores, se establece un complemento en favor de la mujer para compensar las brechas en el monto de las pensiones producto de las distintas expectativas de vida entre hombres y mujeres usadas en la determinación de las pensiones de capitalización individual. Ese mecanismo de reequilibrio resulta fundamental y es de toda justicia.
De manera complementaria, la reforma busca hacerse cargo de las desigualdades indirectas que enfrentan fundamentalmente las mujeres en el mercado laboral, las que se traducen en lagunas previsionales que afectan el monto de la pensión que obtendrían del pilar contributivo. En específico, se establecen beneficios para cubrir el tiempo dedicado al trabajo no remunerado de personas con dependencia moderada y severa, además de lagunas por maternidad y por cesantía. Estos beneficios actúan mediante complementos al registro personal de aportes al Fondo Integrado de Pensiones por períodos no aportados al sistema, los que aumentan el saldo en la cuenta para la determinación de la pensión del Seguro Social.
En definitiva, la reforma previsional que proponemos al país se funda en una perspectiva de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Reconoce la interdependencia humana, visibiliza y pone en valor las labores que se realizan en los tiempos y espacios fuera del mercado, como los hogares. Asume así un imperativo ético que ya no podemos seguir postergando.
Jeannette Jara Román
Ministra del Trabajo y Previsión Socia