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Editorial
Martes 13 de diciembre de 2022
Demanda rezagada en salud
Si no hay avances en eficiencia, la demanda rezagada será difícil de abordar o sus costos se multiplicarán más allá de lo proyectado.
La redistribución de recursos hacia las personas afectadas por la pandemia hizo inevitable que se suspendieran consultas, hospitalizaciones y atenciones quirúrgicas. Esa demanda postergada genera diversos efectos en el sistema de salud y en la sociedad. Desde luego, un aumento en morbilidad y, eventualmente, mortalidad en exceso que es difícil de cuantificar, en la medida en que no haya existido un seguimiento apropiado de las personas afectadas por esta situación. Este solo fenómeno supone un incremento en los costos de atención de salud para el país, toda vez que una atención oportuna es siempre menos onerosa para la sociedad. Existe además un efecto directo asociado al hecho de que al flujo habitual de prestaciones que deben realizarse, y que están a la base de la asignación presupuestaria anual al sistema público, se suman aquellas que se postergaron. Por supuesto, hay algún grado de traslape entre ellas, pero es muy parcial.
La mayor visibilidad de la postergación de atenciones son las listas de espera, que se encuentran en niveles históricos. En efecto, habría más de dos millones de consultas y 300 mil cirugías postergadas. El Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Economía de la Salud, ha estimado que se requeriría un presupuesto adicional del orden de mil millones de dólares para abordar las postergaciones correspondientes a 2020. Cabe especular un monto similar para aquellas que ocurrieron en 2021. En todo caso, la metodología de estimación es relativamente simple y, por tanto, puede haber producido sub o sobreestimaciones. Esto, pues se realizaron proyecciones lineales de los egresos por atención que deberían haber ocurrido y los que efectivamente ocurrieron, y se les aplicó los valores de estos últimos. Sin embargo, no es evidente que las capacidades existentes para prestar atenciones actuales y rezagadas estén siendo bien utilizadas, sobre todo si se tiene en cuenta el informe que en su momento elaboró la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad sobre el uso efectivo de la infraestructura y de los equipos del sistema público de salud.
Según el estudio, los quirófanos, por ejemplo, se utilizan solo el 53 por ciento del tiempo. Si estos se emplearan de forma más eficiente, podría aumentarse el número de intervenciones quirúrgicas sin incrementos equivalentes en los costos. Ahora, si ello no se puede conseguir y se definen plazos máximos para satisfacer la demanda rezagada, el escenario más probable sería uno en que las atenciones deberían materializarse en el mundo privado, con un impacto impredecible en los costos. En cualquier circunstancia, se requiere una estrategia bien diseñada para abordar en plazos razonables el rezago existente. Es muy probable que ello requiera de recursos adicionales, pero una parte de estos se estará desperdiciando si el plan no se hace cargo de los problemas de productividad que existen en la salud pública. Si no se logran ganancias en eficiencia, la demanda rezagada será difícil de abordar o los costos de estas iniciativas terminarán siendo mucho más cuantiosos de los que se proyectan. Los espacios para que estas mejorías ocurran no solo están en las atenciones hospitalarias. Otro estudio más reciente de la CNEP muestra que en la atención primaria de salud se podrían ahorrar del orden de 300 millones de dólares si esta actuara de manera más efectiva en la prevención de enfermedades o en su detección temprana.
La salud siempre ha sido una prioridad en la población y el temor a sufrir una enfermedad catastrófica que suponga un alto costo está en un nivel elevado. En efecto, según la Encuesta Nacional de Salud de la Universidad Andrés Bello, un 62 por ciento manifiesta una preocupación muy alta por ello, algo que es consistente con los rezagos en la atención que sufren cientos de miles de personas. La demanda rezagada debe abordarse con una estrategia bien diseñada, acordada con un comité de especialistas que monitoree el proceso y defina con las autoridades prioridades, metas y rutas eficientes y efectivas para lograr el objetivo de reducir las listas de espera al menos a niveles previos a la pandemia.