El repunte en la morosidad de los créditos de consumo en los últimos meses abre la inquietud por un posible deterioro futuro de esta. Consecuencia de la menor liquidez en los hogares y de las peores condiciones laborales, la morosidad a 90 días en estos préstamos alcanzó un 2,3% en octubre, lo que se compara con una morosidad cercana al 1% hace un año. Esta alza contrasta con la estabilidad en las bajas cifras de morosidad de las carteras hipotecarias y comerciales, que han mantenido un muy buen comportamiento en el último tiempo.

Aunque es llamativo, el aumento en la morosidad en los créditos de consumo viene a corregir lo que había sido una anomalía de los últimos años. En efecto, entre 2010 y 2019, la morosidad fue de 2,2%, por lo que lo verdaderamente sorprendente fue su baja en el bienio 2020-2021. Ella estuvo muy influida por las transferencias de liquidez extraordinarias a los hogares durante la pandemia, y también por castigos que los bancos decidieron hacer de sus carteras riesgosas. Ello no obsta a que igualmente la velocidad del empeoramiento en el comportamiento de pago abra interrogantes, habida cuenta del deterioro esperado para la economía el próximo año.

Esta preocupación sobre el comportamiento futuro de la cartera se ha reflejado en un aumento considerable en las provisiones adicionales de la banca, que en total superan el 1% de su cartera total de colocaciones. Sin embargo, el ascenso en la mora ha sido más rápido que el incremento en las provisiones, por lo que la cobertura de mora —esto es, las veces que el no pago se encuentra provisionado— ha caído de manera relevante en el último año. No obstante, todavía se encuentra por sobre su promedio histórico.

La Comisión del Mercado Financiero (CMF) también ha manifestado preocupación por este tema, poniendo en consulta una norma para subir de manera significativa las provisiones en los préstamos de consumo, debido a lo que considera una insuficiencia en las provisiones. Esta preocupación es válida, y es importante calibrar cuidadosamente lo que sean las necesidades para asegurar la solvencia de la banca, pero al mismo tiempo evitar una percepción exagerada de riesgos que termine encareciendo los créditos de consumo y restringiendo su acceso para algunos deudores.