La controversia sobre la naturaleza de las aguas del río Silala comenzó hace casi 25 años. En 1999, Bolivia por primera vez cuestionó que el río Silala fuera un río transfronterizo, afirmando que las aguas habían sido desviadas por medio de unas canalizaciones construidas en su territorio por una empresa privada. Chile trató infructuosamente de resolver esta diferencia por medios diplomáticos, intentando demostrar a Bolivia que estaba en un error, invitándola a hacer estudios técnicos conjuntos. Nada de eso tuvo resultados. Bolivia incluso exigió el pago de una millonaria “deuda histórica” por el uso de las aguas del Silala en territorio chileno.

Agotadas las instancias diplomáticas, el año 2016, el Presidente Evo Morales fue más lejos, declarando que Chile robaba las aguas del Silala y que nos demandaría por ello. Tras esto, Chile optó por demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La decisión de demandar a Bolivia ante la Corte de La Haya fue acertada. Bolivia ha reconocido ante la Corte que el sistema hídrico del río Silala, compuesto de aguas superficiales y subterráneas, es un río internacional. Todas las aguas del Silala, como declararon explícitamente los abogados y científicos de Bolivia, corren hacia Chile por efecto de la pendiente natural del terreno. Tanto Chile como Bolivia, como Estados ribereños, tienen derecho a beneficiarse del uso de sus aguas.

La Corte ha tomado nota de que existe acuerdo entre las partes sobre el carácter internacional del río Silala y sobre la aplicación de dos reglas fundamentales: la regla de que ambos Estados tienen derecho a un uso equitativo y razonable de estas aguas y la regla de que no deben causar daño significativo al territorio del otro Estado. Durante el procedimiento, Bolivia abandonó su teoría de que las aguas habían sido desviadas artificialmente hacia Chile y con ello enterró también su pretensión de que Chile debía pagar una millonaria deuda por el uso histórico de las aguas del Silala.

La sentencia pronunciada el 1 de diciembre recién pasado es importante para el país. Los reconocimientos de Bolivia recogidos en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia fueron realizados por los representantes de Bolivia, tanto por escrito como verbalmente, de buena fe y con plena conciencia de sus consecuencias jurídicas, ante el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Bolivia no podrá retractarse de sus afirmaciones y eso brinda la certeza jurídica que Chile fue a buscar a la Corte.

Creemos que es interesante también tener presente que cuando Chile recibió la contestación a su demanda y verificó que Bolivia se había allanado a gran parte de la demanda, en junio de 2019 propusimos a las autoridades del gobierno de Evo Morales un acuerdo extrajudicial, que contenía los mismos elementos que fueron reconocidos en la sentencia de la Corte. Nunca obtuvimos respuesta, lo que nos obligó a seguir adelante ante la CIJ.

La demanda de Chile en el caso Silala fue un acierto de la diplomacia chilena. Fue la demanda la que obligó a Bolivia a cambiar su posición y converger con nuestro país en que el Silala es un río internacional. Sin esta demanda, ello no habría ocurrido.

Nos parece esencial destacar que el caso del río Silala fue trabajado en el país como una verdadera política de Estado, mirando siempre el interés superior de Chile. Nuestra gratitud por la confianza depositada en nosotras y en todo el equipo, por la presidenta Bachelet y los presidentes Piñera y Boric y sus respectivos cancilleres.

El proceso judicial ha concluido y esto nos plantea el desafío de levantar la mirada y buscar las mejores formas de relacionamiento con Bolivia. Aprovechemos esta oportunidad para trabajar conjuntamente entre Chile y Bolivia en los múltiples temas que exigen la cooperación entre dos países vecinos.

Ximena Fuentes
Agente de Chile Subsecretaria RR.EE.

Carolina Valdivia
Coagente de Chile Exsubsecretaria RR.EE.