Desde el estallido social y la posterior pandemia, muchos son los fenómenos delictivos que han aumentado su frecuencia y gravedad. Los hay desde muy violentos a menos violentos, pero algo que los cruza a todos por igual es la mayor permisividad con que hoy en Chile se infringe la ley, y esto al punto de que muchas actividades punibles han tendido casi a normalizarse. Uno de los ejemplos que ilustran esto de modo más palpable es la naturalidad con que se está produciendo la toma de terrenos, pero más grave aún, el descaro con que se los parcela y comercializa, como si los usurpadores tuvieran algún tipo de derecho sobre los inmuebles ocupados.

Dicha comercialización abunda hoy en redes sociales sin que a quienes publican esos anuncios les importune la ilegalidad de la situación. Dado el precio de venta de terrenos o viviendas ya construidas, el foco de la venta no son personas sin hogar, sino quienes están en condiciones de desembolsar varios millones de pesos para mejorar sus actuales condiciones de vida o, incluso, adquirir una segunda vivienda, pues se trata de terrenos que en su mayoría se localizan en la Región de Valparaíso y muy frecuentemente con vista al mar. De hecho, pueden observarse avisos de casas por $12 millones en tomas de Reñaca Alto. Algunos loteos ilegales cuentan incluso con calles, portones automáticos y hasta conserjerías.

Hoy en Chile el déficit habitacional es un problema que ha escalado hasta llegar a las 600 mil familias. En el pasado, en muchas ocasiones esta necesidad, dada la lentitud e incapacidad del Estado para cubrir la demanda de subsidios, llevó a que grupos de familias se tomaran terrenos que luego, con los años, acabaron convirtiéndose en poblaciones que existen hasta hoy y que han ido mejorando paulatinamente condiciones de vida que en un comienzo eran deplorables. Pero el fenómeno que se está observando ahora se aleja en buena medida de esto. Para mayor evidencia puede recordarse el asesinato de un empresario en 2020 cuyo terreno, ubicado en Concón, se había convertido en una toma ilegal. O las llamadas “tomas VIP” que en los últimos años se han hecho cada vez más comunes.

Aunque la promesa del vendedor no puede ocultar el origen ilegal de los terrenos, su pronta regularización es prometida con toda naturalidad. En ello no hay interés de beneficiar a quienes se vende, sino la mera expectativa de obtener un lucro ilegítimo. Organizados como bandas criminales, quienes usurpan y comercializan estos terrenos no solo afectan el patrimonio de los dueños legales, o los sueños y recursos de familias que pueden verse engañadas con falsas promesas, sino que además desvirtúan el sistema de subvención estatal y el sacrificio que por años realizan miles de familias para convertirse en propietarios legales. A su vez, el desparpajo con que actúan da cuenta de la ineficacia de la fiscalía y las policías para detenerlos.

Urge recuperar el vigor de la ley con la adecuada fiscalización, persecución y sanción que desincentive la transgresión de sus límites, pero también urge recuperar un sentido de sociedad donde vuelva a validarse el trabajo como medio para alcanzar los fines que todos perseguimos para mejorar las condiciones de vida.

Lo más urgente es que exista la disposición, tanto de autoridades regionales y locales como de los tribunales y el Ministerio Público, para ponerle pronto atajo a esta práctica. La usurpación es un delito flagrante que no solo obliga a iniciar un proceso penal, sino que sobre todo a restablecer el imperio del derecho devolviendo de inmediato el goce de la propiedad a sus legítimos dueños. La tolerancia institucional con que hasta ahora se han tratado estas situaciones genera un daño que va mucho más allá de un caso particular, pues transmite el mensaje de que las normas no están para cumplirse.