El proyecto previsional anunciado ayer por el Gobierno —que mantiene el lineamiento definido en el programa del Presidente Boric— representa una profunda reforma al sistema de pensiones. En lo sustantivo, se introduce un sistema de reparto financiado con un 6% de cotización adicional, y se establece un ente estatal que administrará todas las cuentas de los cotizantes, tanto en lo correspondiente a su cuenta individual como a aquella parte que, yendo a un fondo común, no vaya en directo beneficio de los actuales jubilados, sino que sea ahorrada para futuros pagos previsionales.

La propuesta del Gobierno, como han destacado numerosos expertos, no parece tomar en cuenta que la Pensión Garantizada Universal —establecida a partir de este año por un monto de hasta 194 mil pesos mensuales para personas con pensiones menores a un millón de pesos, y que pertenezcan al 90% de familias de menores ingresos— significa un aumento muy sustantivo de las tasas de reemplazo. En contraste, hoy los grupos más necesitados de mayor ahorro para la vejez son aquellos de ingresos medios que no califican para la PGU y que deberán contribuir con un 6% adicional; esto para recibir compensaciones menores a las que obtendrían en su cuenta individual, no solo como consecuencia de la redistribución intrageneracional, sino también de la menor rentabilidad que el sistema público aseguraría. Así, el financiamiento de tasas de reemplazo incluso superiores a 100% para los grupos de menores ingresos vendrá en buena parte de cotizaciones de personas con ingresos familiares marginalmente superiores al millón de pesos mensuales.

La idea de abrir la puerta a un sistema de reparto en Chile buscaría acercar al país al promedio de la OCDE. En estricto rigor, son muchos los países de esa organización que más bien han venido realizando el camino opuesto, modificando sus sistemas de reparto originales y avanzando a modelos de capitalización individual, de modo de enfrentar el desequilibrio estructural que los sistemas de reparto conllevan como consecuencia del envejecimiento de la población. Por ello, más que imitar un sistema que se ha transformado en inviable, parece mejor reconocer que lo que esta reforma busca es generar un aumento en recaudación tributaria por una vía indirecta, de manera de mejorar las pensiones actuales y de redistribuir entre personas. Como lo admitió el mismo ministro Marcel, de no concretarse este aumento de 6% en la cotización a un fondo común, para ofrecer los mismos beneficios, la reforma tributaria tendría que recaudar un 50% más.

Otro aspecto que se debe considerar es el cambio en la estructura del sistema. De acuerdo con la propuesta del Gobierno, será un ente estatal dependiente del Instituto de Previsión Social (IPS) el que tendrá el monopolio de la administración de las cuentas individuales, pudiendo subcontratar la gestión de inversiones a administradores privados. La justificación para este modelo dice relación con los menores costos de administración que podrían producirse, considerando que no serían necesarias fuerzas de ventas o publicidad como las que contratan las actuales AFP. Este argumento podría ser válido en la medida en que la nueva entidad logre niveles de eficiencia comparables al sector privado, pero la ineficacia de la gestión en el actual IPS, por ejemplo, a propósito del pago de la PGU, abre serias dudas sobre las capacidades en este ámbito de un ente público. Asimismo, un organismo de este tipo disminuye la libertad de elección de los afiliados, que solo podrán tener algunas opciones para administrar el 10% de su cuenta individual entre las que les asigne el ente estatal. En este sentido, el objetivo de hacer desaparecer las AFP lleva a la monopolización del sistema a través de un modelo de administración pública de cientos de miles de millones de dólares, el que genera legítimas aprensiones en la población. Que países desarrollados cuenten con un sistema equivalente no es certificación suficiente de buen manejo de los fondos ni de eficiencia en su administración.