En la entrevista publicada por este diario el 2 de noviembre, el profesor y premio Nobel J. Stiglitz emite una serie de juicios sobre el sistema de pensiones chileno. Dado su respaldo académico, creo necesario corregir algunas de sus conclusiones, las cuales, estoy segura, se deben a un conocimiento parcial de nuestro sistema.

El sistema de pensiones chileno, al contrario de la mayoría de los existentes en el mundo, es financieramente sostenible en su pilar contributivo obligatorio, y entrega en su pilar solidario una pensión garantizada casi universal, financiada con impuestos generales. Hasta 2022, el costo administrativo del pilar solidario estuvo sustentado por el sector privado, el cual entregó los montos de aporte solidario junto a las pensiones autofinanciadas. El sistema cuenta, además, con un pilar contributivo voluntario, que ha logrado aumentar los ahorros por sobre lo obligatorio.

A partir de la PGU, el monto de beneficio del pilar solidario no contributivo alcanza al 28,5% del ingreso medio bruto, lo cual se compara favorablemente con el promedio de 20% que tiene la OCDE. Todo esto con una presión moderada sobre el gasto público, que en Chile es de 4% del PIB, mientras que para el promedio de países de la OCDE supera el 8%.

En Chile, el sistema de pensiones actual ha protegido los ahorros de los trabajadores y obtenido una rentabilidad real de 7,3% desde su inicio, hace 40 años. Esto es, 7,3% por sobre la variación en el valor de la UF. Para los trabajadores, sin duda, seguridad en el largo plazo. No se puede decir lo mismo del sistema de seguridad social de EE.UU., el cual deberá automáticamente bajar los beneficios en el momento en que la suma de las contribuciones anuales más los fondos existentes en reserva no alcancen para pagar los beneficios establecidos por ley.

Sin duda, tenemos un reto importante que enfrentar. Nuestra población sigue envejeciendo, y los ahorros acumulados logran menores pensiones que los de ayer a la misma edad, dado que es necesario financiar más años en la edad pasiva. Por otra parte, no hemos logrado corregir la falencia más seria que explica las bajas pensiones y que es la baja densidad de cotización. En Chile, un tercio del empleo está fuera del sector formal, y la mayoría de los trabajadores está parte de su vida activa en el sector informal, lo que resulta que, en promedio, las personas lleguen a pensionarse con solo 20 años de aportes. Una contribución que, tal como dice la OIT, no es suficiente y que mientras no la corrijamos, no lograremos llegar a buenas tasas de reemplazo. Ningún sistema contributivo logrará pagar mejores pensiones sin los aportes correspondientes.

Nos preguntamos cómo les iría a los trabajadores chilenos si se les aplicara la regla de beneficios del sistema de seguridad social norteamericano hacia el cual los aportes obligatorios son más altos que el 10% de Chile. Calculamos que el 18% de nuestros pensionados no recibiría pensión contributiva (ya que no cumplirían con el mínimo de 10 años de contribuciones) y que el promedio de pensiones autofinanciadas sería un poco menor que el que se obtiene hoy en Chile. En EE.UU. no se suma la PGU a las pensiones autofinanciadas, de manera que a los trabajadores chilenos no les iría mejor bajo las reglas existentes en ese país.

Los sistemas contributivos de reparto pueden tener bajos costos de administración, especialmente si no invierten fondos y, por tanto, no deben mantener cuentas al día ni cumplir con reglas de responsabilidad financiera. Sin embargo, estos sistemas traen consigo problemas de sostenibilidad financiera y riesgos de manejo político de los beneficios, los cuales solo pueden ser contenidos bajo una institucionalidad de hierro.

Lamentablemente, la reforma propuesta por el Gobierno, anunciada recientemente, no está enfocada en enfrentar los problemas reales de nuestro sistema, y se proponen medidas que significan un retroceso y trasladan el costo a los propios trabajadores, especialmente a los más jóvenes.

Alejandra Cox A.
Economista Presidenta Asociación de AFP de Chile