En relación con la columna del director de Políticas Públicas de LyD, Pablo Eguiguren, junto a la investigadora de Horizontal Soledad Hormazábal, publicada ayer, considero muy valioso comprobar que concordamos en el fondo de la iniciativa de racionalización de glosas, ya que se valora el propósito que motivó este trabajo al interior de la Dirección de Presupuestos (Dipres), en el marco de la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos 2023.

Para contextualizar dicho trabajo, cabe destacar la manera inorgánica en que las glosas aumentaron en los últimos 13 años. Tomando como antecedente un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CPP-PUC), que identificó y analizó la trayectoria de las glosas de información, se constata que el número total de estas creció un 95% entre los años 2009 y 2019 (desde 1.314 a 2.565 glosas). A su vez, para el año 2022, se llegó a un máximo histórico de 2.602, donde muchas de ellas tienen obligaciones trimestrales de información. A la luz de estos datos, el trabajo de revisión y racionalización se hizo buscando hacer más comprensible la legislación, eliminando esfuerzos burocráticos de bajo o nulo impacto, mejorando la difusión de información relevante y facilitando el acceso a esta.

Es en dicho contexto que para el año 2023 se propone una reducción de más de 700 glosas, de las cuales el 49% ya está contenido en los deberes de información de la misma Ley de Presupuestos en sus artículos 14 y 16, un 23% de ellas son pertenecientes a otros cuerpos legales, como las obligaciones de transparencia activas o leyes especiales, y otro 28% no obedece a materias propias de la Ley de Presupuestos, sino a gestión de los servicios, cuyo monitoreo y fiscalización corresponde ser analizado en el marco de las comisiones temáticas de las distintas cámaras del Congreso Nacional.

En acuerdo con los autores de la columna en la relevancia de que este trabajo se traduzca y tenga un impacto significativo en fortalecer la transparencia fiscal, asegurando el acceso a la información. Es por esto que en este proyecto de Ley de Presupuestos, que actualmente se tramita en el Congreso, se introdujeron mejoras en los articulados de información. Es así como se sistematizó el artículo 14, de manera de distinguir la información que debe ser remitida al Congreso Nacional a través de la comisión mixta de Presupuestos, de aquella que constituye un deber de transparencia activa presupuestaria, y que debe ser publicada en las respectivas páginas web.

Otro refuerzo en los deberes de información y transparencia, es la modificación en el inciso final que se propone en el artículo 16, de manera de introducir una instancia de coordinación, que se tiene que producir en marzo de 2023, entre la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado y la Dipres, precisamente para coordinar la entrega de información que se debe hacer al Congreso en virtud de ese artículo.

A lo anterior quiero agregar, respecto de la discusión presupuestaria que se está llevando a cabo, que estamos trabajando en conjunto con la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado —que es la unidad especializada que conoce los usos que se les dan a los distintos deberes de información— para que podamos tener una discusión informada en la comisión mixta, de manera que este esfuerzo permita ordenar las necesidades de información por parte del Congreso, contribuyendo así al objetivo final: seguir avanzando en transparencia, con menos burocracia y evitando la redundancia en las labores de la función pública. Procesar la información, sobre todo cuando es excesiva y redundante, es costoso y confuso, lo cual puede dificultar su difusión y comprensión.

Finalmente, quisiera reiterar que la supresión de un número importante de glosas de información se ha hecho con cuidado de no afectar los niveles de transparencia fiscal y con el espíritu de seguir avanzando en esta materia, haciendo, a la vez, más comprensible la legislación. Este es uno de los componentes de nuestra Agenda de Mejor Gasto Público, que apunta a mejorar la calidad del gasto, elevar la productividad fiscal y aumentar la rendición de cuentas.

Slaven Razmilic B.
Jefe Departamento de Evaluación y Transparencia Fiscal