El Presidente Boric ha presentado el proyecto de Ley de Presupuestos para 2023, el que deberá ser ahora discutido por el Congreso y que considera un aumento del gasto público real de 4,2% respecto del presupuesto de este año. Las presentaciones del Gobierno a los parlamentarios en los próximos días —así como el informe de finanzas públicas del tercer trimestre— permitirán aclarar varios aspectos sobre los cuales no se ha entregado información, por lo que aún no es posible una evaluación completa.

Por de pronto, la subejecución presupuestaria de este año sugiere que el aumento respecto del gasto efectivamente realizado en 2022 debería ser bastante mayor al guarismo anunciado de 4,2%. En cualquier caso, es evidente que un aumento del gasto de esa magnitud sobrepasa con creces los supuestos de crecimiento de las variables estructurales, por lo que el Gobierno está volviendo a proyectar un déficit estructural para 2023, a partir de un pequeño superávit este año, como ha anticipado el ministro Marcel.

Respecto de los anuncios de gastos, la autoridad ha enfatizado que este es un presupuesto con énfasis en el crecimiento, buscando paliar la difícil situación económica que comienza a vivirse. Con todo, y sin conocerse todavía mayores detalles, lo anunciado más bien parece enfocarse en destinar cuantiosos recursos para incrementar el porcentaje de hogares con acceso a la Pensión Garantizada Universal, lo que no es un programa que apunte al crecimiento o al dinamismo de la inversión.

Sin duda, para un conjunto relevante de adultos mayores, el incremento en las transferencias a través de la PGU significará un alivio en sus condiciones económicas, pero este tipo de programas no debe ser catalogado como impulsor del crecimiento. En cambio, el aumento en la inversión pública sí podría considerarse un plan más favorable a dinamizar la economía, aunque los problemas de ejecución de la inversión que ha evidenciado el Gobierno este año abren dudas sobre su real impacto. En efecto, según las últimas cifras de la Dirección de Presupuestos, la ejecución de la inversión pública a agosto había sido de solo un 33%, y de un 50% en lo referido a transferencias de capital.

Finalmente los anuncios de aumentos de recursos para Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación por la vía de programas de Corfo deben ser evaluados en función del tipo de proyectos a financiar, así como de sus criterios de aprobación. Aunque un incremento en los fondos pueda en principio ser en sí mismo positivo, resulta fundamental que esos fondos no queden empantanados en una mayor burocracia o en iniciativas de poca rentabilidad social.

Por último, llama la atención el poco énfasis directo en enfrentar el mayor desempleo que se prevé para 2023. La mayor inversión pública no es suficiente para abordar esta coyuntura, y condiciones más propicias para la contratación en el sector privado son necesarias.